Y SE LE OLVIDARON LOS VOTOS DE CASTIDAD....

Abusaba sacerdote de indígenas

10-Jun-2008


Pachuca.- Indígenas de la comunidad de Cuatlimax, en el municipio huasteco de Huejutla Hidalgo, denunciaron penalmente al sacerdote Reinaldo Chávez López, a quien acusan de haber abusado sexualmente de varias jóvenes de la región. Una de ellas presenta un embarazo de cinco meses.

De acuerdo a los datos asentados en la averiguación previa 5/HUE/CAVI/103/2008 el presbítero acosaba a las jóvenes de la comunidad, a quienes les solicitaba su compañía y relaciones sexuales a cambio de cinco y 10 pesos y de un disco compacto de música, tal fue el caso de la joven cuyo nombre las autoridades mantienen en anonimato.

La denuncia señala que la afectada de 18 años y su madre acudieron al Centro de Atención a Víctimas de Huejutla, donde iniciaron la denuncia penal en contra del sacerdote contra quien piden castigo, cabe destacar que esta demarcación se ubica a 200 kilómetros de la capital del estado.




La joven señaló en sus declaraciones que el párroco del lugar la obligaba a tener relaciones en las instalaciones del curato y producto del abuso, resultó embarazada y a la fecha registra ya cinco meses de gestación, precisó que Reinaldo Chávez la tenía amenazada para que no diera a conocer su situación.

Apuntó también que el Obispo de la Diócesis de Huejutla, Salvador Martínez fue informado sobre este caso, sin embargo a la fecha no ha realizado ninguna investigación pese a que el sacerdote se comprometió en ayudar económica a la joven y a su hijo.

La víctima dio a conocer que no es el primer caso de abuso en contra de una mujer de la localidad por parte del "padre", por lo que solicitó que las autoridades investiguen a fondo a Chávez López, ya que el obispo no atendió su denuncia.

autor: Agencia El Universal
POR AVE
Mientras la iglesia siga cerrando los ojos ante estos abusos y protegiendo a los culpables...seguirán en la impunidad estos delitos de sacerdotes pederastas...

ASI QUIERE CALDERON ACABAR CON EL NARCOTRAFICO

El muro de la indiferencia oficial
ricardo ravelo
México, D.F. 9 de junio (apro).- Una y otra vez, el presidente Felipe Calderón y los funcionarios del gabinete de Seguridad han sostenido que la batalla contra el narcotráfico se puede ganar si la sociedad hace su parte, es decir, si denuncia a los capos de la droga y a los operadores que estos últimos tienen distribuidos a lo largo y ancho del país.

Sin embargo, ese discurso no deja de ser mera retórica porque en la realidad las denuncias ciudadanas se estrellan ante el muro de la indiferencia oficial.

Lo anterior queda demostrado con el víacrucis que vivió el ciudadano José Manuel Duarte Villa, representante del Frente Cívico de San Luis Río Colorado, Sonora, quien desde febrero pasado a la fecha se ha estrellado en lo que él mismo llama “los muros de silencio” del poder político.

En entrevista con Apro, Duarte Villa cuenta que a principios de febrero solicitó audiencia con el presidente Felipe Calderón para entregarle información “relevante” sobre el narcotráfico y la corrupción policiaca que priva en los estados de Sonora y en Baja California, donde el narco –dice –opera a sus anchas con el apoyo oficial.

Su acercamiento a la Presidencia tenía una razón: no le habían respondido una carta, enviada a Calderón el 1 de agosto de 2007, en la que le advertía: “Usted tiene la cabeza de la serpiente en sus oficinas”.

Cuando se presentó al área de audiencias de la Presidencia, lo reconocieron como el signatario de la misiva y le pidieron que detallara sus comentarios, sobre todo, que explicara a qué se refería con aquello de que el presidente tiene “la cabeza de la serpiente en su oficina”.

--Yo no puedo hablar con nadie más que no sea el Ejecutivo –respondió Duarte Villa.

--El Presidente es una persona muy ocupada, por ello existe una oficina responsable de atender las denuncias ciudadanas. Le suplicamos escriba usted otra carta y de a conocer lo que sabe –le sugirieron.

Acto seguido, el activista social –quien dice haber participado como observador en la quema de droga y ser testigo de que muchos cargamentos de estupefacientes no se queman en realidad, sino que son comercializados por altos mandos policiacos y militares –procedió a escribir la carta al presidente Felipe Calderón.

Fechada el 13 de noviembre de 2007, la misiva hace mención de que su escrito de agosto no fue atendido, que fue recibido por Alejandro Rojas Flores, director General Adjunto de Audiencias y Atención a organizaciones sociales, quien lo recibió el 6 de noviembre de 2007 en el primer piso del edificio 10 de Palacio Nacional.

Duarte Villa también dice en la carta que ante su interlocutor planteó el problema del narcotráfico y de la corrupción en el país, y sugirió la necesidad de crear un frente amplio nacional ciudadano para denunciar a los capos del narco, sus vínculos con la policía y con altos funcionarios del gobierno.

La carta añade: “El mismo licenciado Alejandro Rojas Flores me solicitó que todo lo que personalmente le había planteado lo hiciera por escrito, a fin de poder presentárselo al secretario particular del Ejecutivo federal.

“Yo le dije que si en verdad se quiere combatir lo nefasto (del gobierno y del narco) tenemos que invitar a la ciudadanía para que participe y contribuya con todo tipo de información, que nos ayude a combatir todo lo que nos perjudica y nos ha perjudicado…”

En septiembre de 2007, el activista social Duarte Villa recibió respuesta en estos términos:

“Estimado Sr. Duarte Villa:

“El presidente Felipe Calderón está convencido de que la mejor vía para alcanzar un México justo, libre y democrático, parte del ejercicio de una ciudadanía exigente que nos obligue como Gobierno atender las necesidades de cada uno de los mexicanos, siempre respetando la Ley, buscando mejores condiciones que nos permitan convivir en igualdad y armonía en nuestro gran país. Es por ello que el principal compromiso contraído por este gobierno es trabajar por la ciudadanía.

“El presidente Calderón está atento a que ciudadanos como usted, deseen expresarle sus planteamientos en audiencia. Para esos fines, se ha acordado que el Director General Adjunto de Audiencias y Atención a Organizaciones Sociales, lic. Alejandro Rojas Flores previa cita, se quien le brinde la atención que su asunto requiere. Cabe señalar que el lic. Rojas presenta al Presidente Calderón un resumen de las audiencias que atiende en su representación…”

Durante los ocho meses siguientes, José Manuel Duarte Villa envió nueva información a la oficina de Rojas Flores, pero el funcionario de la Presidencia jamás respondió.

Dice, con el ceño fruncido y con un tono de desesperación:

“Me frustré. No entiendo por qué el presidente Calderón invita a la gente a denunciar y me dejan ocho meses sin señales. Yo iba y venía de San Luis Río Colorado a la ciudad de México, a fin de estar al pendiente de cualquier respuesta, pero como ya tenía muchos gastos tuve que cambiar de domicilio.

“Para estar más cerca de Los Pinos, me vine a radicar a la ciudad de México. Vivo en la calle de Mérida 188, en la colonia Roma. Y resulta que no me contestaban las llamadas ni recibía respuesta a mi propuesta de audiencia con el Presidente para informarle lo que se sobre el narcotráfico y los vínculos de la gente que lo rodea”.

--¿Es brutal la corrupción y la complicidad de los hombres del poder con el narco?

--No tiene límites. Mire: los retenes de la AFI, en realidad son puntos de terror; el Ejército Mexicano en realidad simula que destruye la droga: yo conozco a muchos militares de los que participan en la quema de cocaína o de marihuana y con sorpresa me entero que luego andan vendiendo la droga que supuestamente ya quemaron.

“Conozco a muchos vendedores de droga que le compran coca a los militares y le dicen: tráenos coca de la de abajo, porque la de arriba sabe y huele a diesel”.

--¿Y a qué se refieren los compradores con la coca de arriba y la de abajo?

--Piden coca que no esté contaminada con diesel y esa coca es la de los bultos de abajo.

--¿Esto le iba a usted a informar al presidente Felipe Calderón?

--No. Esto es una pequeña parte. Lo que le quiero informar se lo quiero decir a él, no a su gente, que sé que está ligada al narco. Pero, como le digo, en ocho meses no recibí ninguna noticia a mis peticiones ni a mis cartas.

El 14 de mayo último, mediante el folio 210109477-18, la Oficina de la Presidencia de la República, Coordinación General de Administración Red Federal de Servicio a la Ciudadanía, turnó el expediente de Duarte Villa (todas sus cartas, peticiones y denuncias) al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.

Duarte Villa recibió copia del oficio firmado por Bernardo Altamirano Rodríguez, quien le pide atender el caso en estos términos:

“Como es de su conocimiento, el Titular del Ejecutivo Federal está convencido que la mejor vía para alcanzar un México justo, libre y democrático, parte del ejercicio de una ciudadanía exigente…Por ello, le solicito brinde atención que el caso amerite, a partir de los canales que Usted tenga a bien decidir, dando respuesta al Sr. José Manuel Duarte Villa…El presente asunto deberá ser respondido en breve término”.

Duarte Villa finalmente creyó que su asunto de atendería en las más altas instancias del gobierno y que por fin podría decirle al presidente Calderón qué funcionarios están implicados en el narcotráfico.

Pero el tiempo siguió transcurriendo. La desesperación lo volvió a invadir y continuó, insistente, solicitando audiencia con el Presidente de la República.

En una vieja y deshojada libreta, Duarte Villa tiene anotadas las fechas en las que pidió las audiencias, y las muestra al reportero. Con tinta azul, escribió: 5 de febrero, 5 de marzo y 4 de abril de 2008.

Finalmente, el pasado 22 de mayo fue citado por Saúl Arbor, funcionario de la Secretaría de la Función Pública. Duarte Villa acudió, eufórico, y llevó consigo el legajo de información que tiempo atrás había preparado. “Por mi mente pasó la certeza de que ya me habían agendado la cita con el presidente para hablar del narcotráfico y de la corrupción”, dijo.

Puntual, Duarte Villa acudió a la cita y, delante de Arbor, fundamentó las razones de su interés de hablar directamente con el presidente Calderón. Le dijo: “quiero enterarlo de que en sus oficinas tiene la cabeza de la serpiente y quizá no se da cuenta”.

El funcionario lo miró fijamente y lo desarmó:

“Le ruego que se regrese a su lugar de origen porque aquí no hay nada que hacer”.

--¿Y qué con la audiencia que solicité con el Presidente? –preguntó Duarte Villa.

--Le suplico que se regrese…, repitió el funcionario federal.

Duarte Villa reflexiona:

“Esto lo propuse porque es necesaria la denuncia de la sociedad, a fin de que el gobierno pueda actuar”.

--¿Y qué pasó? –le pregunta el reportero al entrevistado.

“Estoy frustrado, porque no me escuchan”, dice.

"Ahora resulta que el ciudadano común tiene que denunciar a los malos y ya cuando lo hace, los oídos oficiales se hacer sordos, claro si ya saben como esta el negocio, y hasta dicen si sale polvo es porque estamos limpiando la casa..,si pero de muertos, para dejar a los nuevos capos, que le patrocinaron estar en el poder ilegitimo que ostenta."

hasta ahora... A dos años de gobierno ilegitimo sigue dando palos de ciego..y dándole el mando al ejercito, vamos como el cangrejo,pa atras

LA TROPA SOLITARIA

La tropa solitaria
Junio 2, 2008 PLAN B No Comments
Publicado en El Universal y otros diarios el 2 de junio de 2008

Manejo por la avenida Kukulcan, en Cancún. De mi lado derecho el mar transparente y luminoso, a mi izquierda dos camiones del Ejército mexicano. Cada cinco metros un soldado, con casco y arma larga a la mano, dispuesto a lo que parece un operativo especial. Más tarde me entero de que lo que atestigüé fue un simple operativo de práctica para la próxima visita del presidente Calderón a Cancún.

Dos días después logro entrevistar a tres soldados. Vestidos de civiles llegan a la cafetería. Animosos hablan de sus familias, de cómo y por qué entraron al Ejército como su única opción para estudiar. ¿Tienen miedo? Pregunté. Miedo de que la guerra contra el narco acabe con sus vidas. Miedo de que su comandante o general se venda a los traficantes y los traicione. Miedo a que Los Zetas de Cancún les hagan un tentador ofrecimiento económico.

“Miedo, miedo, yo no tengo”, asegura Francisco J, “a veces uno siente temor de todo eso que usted menciona. Yo tengo 26 años y tengo estudios y estoy para defender a mi país. Aunque luego a uno le pega saber que ya están hablando mal de nosotros, que si somos violadores y esas cosas”. Aseguran que jamás violarían a una mujer, aunque saben de compañeros que cuando traen adrenalina del combate “hacen cosas indebidas sin pensar”.

¿Están entrenados para matar? Pregunto. “Pues no… para defender, y si defendiendo uno tiene que matar, pues mata, eso es parte de la defensa de la nación”. Pregunto si creen que los narcotraficantes están mejor en la cárcel o muertos, los tres cruzan miradas. Silencio. Uno se anima: “Pues honestamente, muertos” y argumenta la cantidad de policías que se arriesgaron para arrestar al Chapo Guzmán y luego lo dejaron libre; otro acota que es mejor que los manden a Estados Unidos porque allá les dan cárcel de por vida o pena de muerte. Entre risas explican que son como los Gremlins de su infancia: si se moja un bicho de esos, de él salen otros 10, o 20… así es con los narcos.

Nos despedimos, uno saca de un periódico doblado un libro de mi autoría, me pide que se lo dedique y pregunta cómo sé en qué policías confiar, para entrevistarlos. ¿Cómo sé quiénes son los buenos y quiénes los vendidos?

Si los cálculos de un fiscal de SIEDO son correctos, uno de esos tres jóvenes frente a mí, ante la disyuntiva de venderse al narco o morir, decidirá aceptar el dinero. Traicionará al Ejército y a lo que él llama su patria.

Nos despedimos con la esperanza de que esta violencia moral y social termine algún día. De que ante la disyuntiva de corromperse o defender sus principios, cada vez más personas opten por sus principios. Francisco J dice: “Le puede a uno tener que dar la vida por culpa de los políticos que nos dejaron este país así”. El soldado recuerda que el narco no llegó solo a México, que los cárteles entraron por la puerta grande, del brazo de los gobernadores y procuradores.

www.lydiacacho.net

EL OBSCURO PODER

ULISES RUIZ: PROTECTOR DE PEDERASTAS
Mayo 29, 2008 Noticias
Por Lydia Cacho


Hace tres meses, me buscó la madre de una de las niñas que fuera utilizada, a los 5 años, para fabricar pornografía infantil por la red de Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif, de Mario Marín y Emilio Gamboa, entre otros. Con la mirada inundada de desesperanza, con la voz cansada, con la ira colgada de su pecho, me dijo que luego de casi cuatro años de abogados, de juicios, de amenazas de muerte, Succar otra vez quiere que su hija vaya a verlo y declare por enésima vez. Y la niña, ahora de quince años, habla de quitarse la vida si la fuerzan a ir al penal de La Palma a ver a su abusador; si otro juez se atreve a pedirle que narre sus recuerdos de terror infantil. Y la madre dice que si tiene que matar a alguien, pues mata, pero a su hija no la vuelven a llevar a un juzgado. Y menos aun cuando la Suprema Corte avaló la protección de Kamel Nacif Y Mario Marín, la protección a la red de pederastas y políticos que se protegen por intereses compartidos, intereses empresariales, políticos, de lavado de dinero. Pero no va a matar a nadie, volverá a su hogar a soñar que algún preso compasivo asesina al pederasta en su celda. Ese es el sueño que le permite dormir, que le da esperanza.
A esas madres se suma una más joven, de Oaxaca, llena de orgullo maternal, de dignidad, cuenta una y otra vez las historias. Su mirada muestra cómo su corazón ya está al borde del desconsuelo. Trae consigo los videos –como los traían las víctimas de la red de Succar Kuri-, lleva consigo fotografías y peritajes médicos del daño ocasionado a su bebé por los pederastas. Y habla, y habla para que su país le crea, le crea que aquello que está más que probado, mas que demostrado sí sucedió. Que lo real es cierto.
Leticia Valdez Martell, en su periplo agotador por los medios, busca con la fortaleza de una madre arquetípica, que los culpables paguen por eso que se ve en los videos, por violar bebés en una escuela y grabarles para producir pornografía infantil.
Mientras ella se atreve a decir la verdad, Ulises Ruiz da órdenes para silenciarla. Según una secretaria del juzgado de Oaxaca, hay órdenes precisas del gobernador para que el caso se dilate, para que no se sigan acumulando pruebas. Ordenes para que se apague el caso en el cuál está implicados la propietaria del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, su esposo, Hugo Gabriel Constantino, su sobrino y profesor de ese centro escolar, Alan Salvador Pérez Ramírez. Pero no están solos. Han sacado ya de la Procuraduría de Oaxaca doce expedientes de casos similares con los mismos implicados pero a los cuales se suman nombres de agentes de la policía estatal de Veracruz y de Oaxaca. Personajes del PRI estatal y según las fuentes, un pedófilo perteneciente al PRD de esa entidad. Ninguno de esos expedientes tiene seguimiento; no pude averiguar si fue por amenazas a las familias o por falta de respaldo jurídico de las familias para, como suele suceder, hacer su propia investigación; o si fue por una mezcla de ambas.
Una y otra vez el periodismo nos recuerda, particularmente las televisoras con su amarillismo morboso y sus noticieros vacuos, que preguntar no es investigar. Que evitar las preguntas correctas, aunque toquen a los poderosos, no es hacer buen periodismo. Buscar todas las fuentes, escuchar a las víctimas, sí, pero a la vez utilizar sus pistas para seguir a quienes han puesto a las víctimas en semejante situación, es enterar a la sociedad de los entresijos de esa historia.
El no ir detrás de los perpetradores para investigar, no buscar y cuestionar a las redes de poder, a todos los actores de la historia, puede nulificar esa realidad y debilitarla, hasta que se convierta en parte del anecdotario de las infamias mexicanas.
Si el detalle morboso, no investigado, se repite una y otra vez durante una semana, o un mes, llega a convertirse en un elíxir inmunizante. Hasta que quien escucha cambia la estación, el canal o la página. Algunos le cambian porque no pueden más con la impunidad, otros porque no entienden que la historia de Leticia Valdez no es la de un niño violado y una madre desesperada, es la historia de un México productor de pornografía infantil, de un México donde el robo de niños y niñas se relaciona, en muchos casos, con la explotación sexual. La historia de un país donde desde el poder político y judicial los pedófilos se fortalecen, se une y celebran su poder.
Escuchar e investigar la historia de Doña Leticia Valdez, la madre del niño abusado por una red de pederastas y pornógrafos infantiles en Oaxaca, me hace pensar en ella; en sus noches oscuras, en su indignación, en su fragilidad, en sus miedos galopantes. En su esperanza.
Leticia Valdez narra una y otra vez aquél ignominioso siete de noviembre de 2006, el día en que descubrió que su hijo fue víctima de violación, cuando en el baño el pequeño se quejaba y suplicaba para no ir más a la escuela. Mientras los medios eluden el tema de fondo. ¿Por qué las otras madres y padres de criaturas violadas por el mismo clan y que producían pornografía infantil, han guardado silencio? ¿Por qué el Procurador General Eduardo Medina Mora insiste en el noticiero de Loret de Mola que las violaciones a los Derechos Humanos denunciadas por Amnistía Internacional son casos individuales? ¿Por qué las y los fiscales especiales niegan la existencia de redes de pornografía que las y los periodistas y las propias víctimas demuestran una y otra vez que sí existen? Las redes de impunidad para los grupos criminales no se tejen en silencio, sino a la vista del país entero. Se tejen desde el poder.
Cuántas veces más Leticia tendrá que repetir: “Él ya no quería ir a la escuela, ponía resistencia, tenía pesadillas, se escondía, y no dormía. El niño estaba aterrado. Después de ir a terapias dibujó lo que los violadores le hacían, pues lo video grabaron, ahora ya está mucho mejor”. ¿Cuantos millones de madres y padres mexicanos tendrán que salir a los medios a anunciar que abusaron de sus criaturas y que por decir la verdad están bajo amenazas de muerte?
¿Por qué el caso Valdez llegó hasta la Suprema Corte de Justicia?
No llegó porque haya pruebas suficientes para ser contemplado por el tribunal supremo como un caso ejemplar de abuso sexual infantil; aunque algunos ministros intenten llevar agua a ese molino. Ni llegó porque a la Suprema Corte le interese preguntar a Ulises Ruiz cuál es su papel en el caso de obstrucción de justicia y colusión de servidores públicos. Ni para averiguar por qué cuando los violadores estaban a punto de ser arrestados por agentes federales, la policía estatal impidió el arresto.
El caso no llegó a la Suprema Corte porque Ulises Ruiz, gobernador constitucional de Oaxaca protege indirectamente a la red de pederastas. Ni llegó a la corte porque uno de los abogados de los pederastas y de sus cómplices, es Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente del PRI en Oaxaca. Ni tampoco llegó a la Corte porque los pederastas, que son muchos y muy bien acomodados en el empresariado y en la política oaxaqueña, veracruzana y poblana, aceitaron la maquinaria de la impunidad. Ni a la Corte le interesará el porqué del silencioso proceder de el Secretario General de Gobierno, Manuel Teofilo García Corpus; del Procurador General de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; del secretario de protección ciudadana, Sergio Segreste Ríos. O del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Alberto Alejandro Márquez Moreno.

Pero la sociedad no se puede equivocar; el caso no fue atraído por la Suprema Corte porque sea del interés de la mayoría de ministras y ministros, sino porque los abogados de Doña Leticia hicieron bien su trabajo y tienen derecho a impedir que los pederastas queden protegidos por la ley y consigan un amparo del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca. Es el trabajo de la Corte revisar ese amparo.
Hay que recordar el informe “Infancia Robada: Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México”. En Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana se estimó que había 4 mil 600 niñas y niños en esa situación en el año 2000; en la Ciudad de México 2 mil 500; en otras zonas como Monterrey, Puebla y León, mil; en otras zonas turísticas importantes como Puerto Vallarta, Cozumel, Playa del Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Ixtapa, Huatulco, mil 500. Leticia salvó a su niño, lo escuchó y reaccionó a tiempo.
El gobierno del estado de Oaxaca también salvó a los suyos. Mientras tanto la producción de pornografía infantil “casera” como le llama un agente de INTERPOL, crece bajo el amparo del poder.
El Procurador General encontrará argumentos para convertir este, como millones, en “casos individuales” de violación a los Derechos Humanos. Ignorando el papel que juega la utilización del poder del estado en defensa de los delincuentes. Pero ya sabemos que a los Derechos Humanos los expulsa de México el gobierno federal y les escupe en el rostro José Luís Soberanes, el Ombudsman que sueña con llegar a la Suprema Corte; para ello se ha preparado.
Los atentados contra Leticia y su familia no quedarán silenciados. La sociedad vigila a Ulises Ruiz y a sus redes que protegen a la pornografía infantil. Una cosa queda clara: Ni Leticia, ni su familia están solas. Millones de mexicanas y mexicanos estamos a su lado.