Doce mitos de la guerra contra el narco

Doce mitos de la guerra contra el narco
Joaquín Villalobos

Una nube de mitos flota alrededor de la guerra de mayor impacto político en la últimas décadas:desde aquellos que dictan que no se debió confrontar al crimen organizado, hasta aquellos que indican que la participación del ejército en las actividades antinarcóticos es negativa. En estas páginas Joaquín Villalobos desmonta los argumentos de una mitología que impacta en la opinión a partir de estadísticas pobres y comparaciones discutibles



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Desde la Revolución de 1910 México no había conocido una violencia con tanto impacto político como la que vive actualmente. A finales de la década de los ochenta Estados Unidos tuvo éxito en reducir el volumen de droga que se movía por la ruta Caribe desde Colombia a Miami. Esta ruta permitía a los cárteles colombianos exportar mariguana y cocaína directo a Estados Unidos, sin intermediarios. México pasó así a ser el territorio más importante para el tránsito de drogas hacia la Unión Americana y se produjo una expansión del narcotráfico, que rompió con el largo periodo de paz en que habían vivido los mexicanos.

Entender, debatir y estar dispuestos a pagar los costos que implica reducir el poder del crimen organizado y frenar su violencia, todo ello bajo condiciones democráticas, es algo nuevo para una sociedad acostumbrada a la poca deliberación y al orden impuesto desde arriba que vivió México durante varias décadas. Esta condición histórica ha creado dificultades para entender la información y los resultados de la guerra que está librando el Estado mexicano contra los narcotraficantes, y ello ha dado lugar al surgimiento de mitos sobre la guerra y la violencia. Algunos de estos mitos resultan del indispensable y justo debate político democrático. Sin embargo, aunque se trata de un problema complejo que requerirá tiempo para ponerlo bajo control, no hay razones para ser pesimistas.


1. “No se debió confrontar al crimen organizado”

Cuando la violencia comenzó a crecer por la guerra entre cárteles, el gobierno del presidente Fox dio inicio a la intervención de fuerzas federales en los primeros estados que tenían problemas (Tamaulipas, Guerrero, etcétera). Frente al agravamiento de la violencia en otros estados el gobierno del presidente Calderón decidió combatir frontalmente al narcotráfico y dio continuidad a la intervención federal. Surgieron entonces críticas sobre falta de inteligencia previa, se calificó de reactivas las operaciones e incluso se dijo que el gobierno actuaba por interés político y que las operaciones gubernamentales habían empeorado el problema. Algunos consideraban que lo mejor era tapar los efectos mediáticos de la violencia y dejar que todo continuara manejado por supuestos “acuerdos locales”. Sin embargo, esos “acuerdos” no eran entre iguales, sino entre criminales y funcionarios intimidados por la ley de “plata o plomo” que estaba dejando policías asesinados y presidentes municipales y gobernadores atemorizados. La idea de no combatir de frente al narcotráfico supone, ingenuamente, que éste no es contagioso ni expansivo, y que no alcanzaría al Distrito Federal. La realidad es que una de las primeras batallas ha sido recuperar el aeropuerto de ciudad de México que para los narcos es tan importante como Nuevo Laredo o Ciudad Juárez.

México está atrapado entre el mayor consumidor de drogas del mundo, al norte, y la región más violenta del mundo (Guatemala, Honduras y El Salvador), al sur, a consecuencia del tráfico de drogas. Por lo tanto, resulta muy difícil pensar que es posible aislarse, abstraerse del problema y suponer que no pasaría nada. El narcotráfico es un delito global que está extendiéndose en casi toda América Latina, afectando también a Europa del Este, al norte de África y algunas regiones de Asia. El crecimiento de las clases medias urbanas y el aumento del consumo de drogas están directamente relacionados, no hay una razón sólida para que las clases medias mexicanas puedan ser excluidas del incremento en el consumo, algo que ya está afectando seriamente a Brasil. No hacer nada podría haber llevado a México a una situación similar a la que enfrentó Colombia a finales de los ochenta. Son muchos los ciudadanos y funcionarios colombianos que aceptan, abiertamente, que la situación en su país “tocó fondo” porque esperaron demasiado tiempo para actuar.

El nivel de violencia actual en México deja bien claro que el monstruo era real, fuerte y peligroso. Ante un escenario así hay dos principios fundamentales para actuar: determinación y velocidad. Determinación para no retroceder frente a la reacción violenta de los cárteles y frente al temor que se abriría en la sociedad; y velocidad para contener y recuperar terreno. En realidad no hacía falta inteligencia previa, los cárteles actuaban en las calles con una impunidad cínica. El primer paso era quitarles ventajas, tranquilidad y oportunidades a sus “negocios”, se habían abierto tanto que la presencia de fuerzas federales en el terreno produciría resultados inmediatos, tal como ha ocurrido. En una primera fase lo masivo debía privar sobre lo cualitativo. Ahora se están abriendo retos más complejos como la reconstrucción policial y el componente social de la estrategia, pero sin ganarle terreno a los cárteles no puede pensarse ni en la reconstrucción de instituciones ni en planes integrales. Es necesario actuar para hacer transitar al narcotráfico de amenaza a la seguridad nacional a un problema policial.


2. “México está colombianizado y en peligro de ser un Estado fallido”

Estas afirmaciones se realizan sin usar datos comparativos serios. México sufre una violencia localizada en seis de sus 32 estados y tiene una tasa nacional de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. Venezuela tiene 48, Colombia 37, Brasil 25, Guatemala, Honduras y El Salvador están arriba de 50. El estado de Chihuahua, el más violento de México, está en este momento en su punto más álgido con una tasa de 143 homicidios, le siguen Sinaloa con 80, Durango con 49, Baja California 44 y Michoacán 25. A inicios de los noventa Medellín, la ciudad más violenta de Colombia, mantuvo una tasa de 320 durante varios años y, en ese mismo periodo, Cali tenía 124, Cúcuta 105 y Bogotá, la capital, 80. Colombia ha vivido dos guerras en 25 años, las cuales le han costado más de 200 mil muertos y dos millones de desplazados, y continúa en conflicto.

El volumen, extensión, raíces históricas, códigos culturales y complejidad de la violencia colombiana ha sido —y todavía es— muy superior a la que vive México. En Colombia los niveles de penetración que alcanzó el narcotráfico en la política, el ejército, la policía, los negocios y la sociedad fueron mayores a los que existen actualmente en México, donde no se puede hablar de una narcopolítica. Los cárteles y narcoguerrillas colombianas golpearon con actos terroristas a personajes e instituciones de los poderes políticos, económicos y mediáticos vitales del país. En 1989 Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia, fue asesinado por el narcotráfico y tres candidatos más fueron asesinados en ese periodo. El propio presidente, Álvaro Uribe, ha sobrevivido a varios atentados y el vicepresidente, Francisco Santos, estuvo secuestrado por Pablo Escobar. Hechos como éstos no han ocurrido y es muy difícil que ocurran en México, donde no han existido territorios con ausencia de Estado durante 40 años como en Colombia; el Estado mexicano ha sido más bien omnipresente y fuerte y el colombiano ausente y débil.

En Río de Janeiro, Brasil, de enero a junio de 2009 murieron 65 policías en enfrentamientos con criminales y su tasa de homicidios es de 38 por cada 100 mil habitantes; recientemente los narcotraficantes derribaron en combate un helicóptero policial en barrios del norte de la ciudad y murieron 12 policías. En 2006 Sao Paulo sufrió ataques simultáneos a puestos policiales, oficinas de gobierno y puntos de interés económico por parte de las pandillas dedicadas al narcomenudeo. El Distrito Federal, en contraste, tiene una tasa de sólo cinco homicidios por cada 100 mil habitantes y jamás han ocurrido hechos tan graves como los de las ciudades de Colombia o Brasil. México tiene un problema de seguridad en la periferia de sus centros vitales y Brasil lo tiene, y muy grave, en sus dos principales ciudades: Río Janeiro y Sao Paulo. Sin embargo, Río será sede de los Juegos Olímpicos y no se dice que allí hay una guerra o que Brasil pueda ser un Estado fallido. Si la idea de territorios fuera de control del Estado se empleara mecánicamente para definir Estados fallidos, habría más de una decena de éstos en el continente americano y tendría, incluso, que revisarse cuál sería la condición de algunas zonas de ciudades estadunidenses que albergan a un millón de pandilleros.

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México tiene una resonancia mediática y una importancia geopolítica superior a la de Colombia, Venezuela o Brasil, por lo tanto, lo que ocurre en su territorio impacta mucho más sobre la percepción dentro y fuera del país. No es lo mismo Medellín o Río de Janeiro que Ciudad Juárez, la proximidad con Estados Unidos hace una enorme diferencia. Un ejemplo de esto fue la llamada “insurrección o guerrilla zapatista”; si comparamos militar, política y socialmente ese movimiento con las insurgencias armadas de Sur y Centroamérica, el “zapatismo” no podría ser considerado guerrilla y mucho menos insurrección. Sin embargo, logró un gran impacto mediático nacional e internacional con una sola acción armada en 1994.


3. “El intenso debate sobre la inseguridad es señal de agravamiento”

El debate y la complejidad en los procesos de toma de decisiones en las democracias avanzadas son señales de estabilidad, pero en las democracias emergentes son percibidos como debilidad e incertidumbre, porque todavía se añora el orden de forma consciente o inconsciente, que sin deliberación se lograba por vía autoritaria. El debate sobre las estrategias que se diseñan para enfrentar los problemas de seguridad son normales en un entorno democrático y ese debate es más intenso y libre cuanto menor es la amenaza a los poderes vitales del país. La oposición, los intelectuales y la prensa necesitan y deben actuar críticamente de oficio, esto es parte de la democracia.

El narcotráfico es un fenómeno que coopta o destruye las instituciones, que elimina las libertades democráticas y que somete a los ciudadanos a los poderes mafiosos. Donde el crimen organizado es fuerte no hay crítica ni libertad de expresión. Por lo tanto, cuando hay debate, cuando los ciudadanos y los líderes de opinión pueden criticar al gobierno, significa que el poder del Estado domina sobre cualquier poder mafioso. En México los poderes centrales no están afectados ni inhibidos por los cárteles, esto ocurre de forma parcial sólo en unos pocos estados.

En Colombia, cuando se estaban diseñando indicadores para medir el nivel de éxito de la estrategia de seguridad democrática en zonas que durante largo tiempo habían estado dominadas por diversidad de grupos armados, se concluyó que uno de los mejores indicadores de éxito de los planes de seguridad era aquel que medía las demandas y quejas de los ciudadanos, ya que esto comprobaba que se había derrotado al miedo y restablecido a los ciudadanos sus libertades democráticas. Es un error pensar que la existencia de un amplio y álgido debate sobre la seguridad y los métodos para enfrentar la violencia son, por sí mismos, una señal de gravedad y de deterioro, cuando en realidad lo grave sería el silencio.


4. “Los muertos y la violencia demuestran que se está perdiendo la guerra”

El narcotráfico es un enemigo bien armado, muy violento, sin barreras morales y con un gran poder corruptor. Creer que este problema se puede resolver sin confrontación y sin violencia es una gran ingenuidad. A este enemigo sólo es posible someterlo usando la fuerza del Estado y, cuando ello ocurre, se incrementa su resistencia y se agudizan sus propias guerras internas; con lo cual aumenta, inevitablemente, el número de personas que pierden la vida.

En toda guerra hay muertos y éstos son un indicador del estado de la guerra misma. Las guerras se ganan generando bajas al enemigo y se pierden cuando se tienen más bajas de lo que el entorno político social propio puede tolerar. Es comprensible que éste sea un tema difícil para ser explicado ante la opinión pública por los funcionarios del Estado, pero la realidad es que quien está teniendo más muertos, capturas y deterioro moral en sus filas es quien va perdiendo la guerra, y en el caso de México son los narcotraficantes.

La lucha contra el narcotráfico no puede leerse como una guerra “clásica” en la cual hay contendientes claramente definidos; los cárteles son un enemigo fragmentado, que genera una violencia anárquica; son múltiples grupos que combaten al mismo tiempo entre sí y contra el Estado. La mayor parte de las bajas de los delincuentes resultan del proceso de autodestrucción de los cárteles, que se profundiza cuando el Estado los confronta. En este tipo de guerra esto es un progreso, en Medellín los cárteles se autodestruyeron bajo el acoso del Estado, por razones que fueron desde disputas por territorios, control de rutas, hasta problemas personales. El proceso de autodestrucción atomiza a los cárteles y obliga a que su reclutamiento comience a descender hacia grupos de jóvenes marginales más inexpertos y ambiciosos, y con ello aumenta su violencia y se acelera su autodestrucción.

El problema es que, en la fase intermedia de la guerra, la presión política demanda una reducción de la violencia, y esto no ocurre hasta que se cumplen tres premisas: 1. Que el Estado tenga mayor dominio social y territorial que los cárteles en sus zonas de operación; 2. Que los delincuentes se hayan debilitado en su capacidad de reciclar sicarios; 3. Que esta debilidad los convierta en un problema marginal para el Estado. En el caso de México todavía falta tiempo para que se reduzca la violencia. Pero hay un proceso de autodestrucción que se está acelerando y esto es un indicador positivo. El general Naranjo, jefe de la Policía Nacional de Colombia dice que “cuando se sabe que el narcotráfico ha penetrado fuertemente en la sociedad, el principal problema no es la violencia, sino la no violencia” porque ello implica que los narcotraficantes controlan a la sociedad. La creencia de que por cada delincuente muerto surgen dos nuevos es ilógica, la codicia por el dinero no genera capacidad infinita para reciclar pistoleros, éstos también necesitan habilidades, experiencia y preparación que no se repone de un día para otro.


5. “Tres años es mucho tiempo, el plan ya fracasó”

Igual que con otras afirmaciones, la demanda por resultados rápidos se sustenta en factores emocionales y no en un análisis objetivo de la realidad. En el sentido más general podemos decir que el tiempo que se requiere para controlar el problema es directamente proporcional al tamaño y las raíces históricas del narcotráfico en México, y en ese orden es necesario tener como referentes a otros países que tienen problemas similares. El tamaño del problema del narcotráfico para México está determinado por su vecindad con Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo, y por las consecuencias de esto en términos de demanda, flujos de dinero y armas. En cuanto a las raíces del fenómeno, el problema comenzó a gestarse, en algunos estados —particularmente en Sinaloa—, desde hace muchos años, pero la mayor expansión de los cárteles comenzó hace 15 años por el cierre de la ruta Caribe. En el caso de México los referentes para comparar tiempos podrían ser países como Colombia, Italia, Brasil y quizás algunos del norte de África.

Colombia sigue en guerra y a Medellín, su ciudad más violenta, le ha costado 16 años y 70 mil muertos comenzar a revertir una situación de deterioro que tuvo a la sociedad en vilo; Italia lleva muchas décadas de lucha contra las mafias sin que ésta haya llegado a su fin; Brasil, durante ocho años de gobierno de Lula, no pudo resolver, todavía, el problema de las pandillas, y en el norte de África el deterioro es ascendente y casi sin control. Teniendo en cuenta lo anterior podemos afirmar con propiedad que México, en tres años, ha obtenido progresos más rápidos con costos más bajos que todos estos países.

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Los resultados de las operaciones en México en los últimos tres años constituyen récords mundiales. Se han destruido 227 laboratorios, decomisado 389 millones de dólares, 30 mil 500 armas de guerra, 24 mil 900 armas cortas, 409 aeronaves, 310 embarcaciones, 22 mil 900 vehículos y cinco mil toneladas de drogas que incluyen 90 mil kilogramos de cocaína, 4.8 millones de kilogramos de mariguana, cuatro mil 500 de metanfetaminas, 27 mil de efedrina y 18 mil de pseudoefedrina. Se han extraditado 286 narcotraficantes, la gran mayoría de ellos a Estados Unidos, y capturadas 89 mil 500 personas que incluyen siete líderes, 47 financieros, 60 lugartenientes, dos mil 61 sicarios y 600 funcionarios involucrados. El dinero es casi el monto del Plan Mérida; para cargar la droga se necesitarían varios trenes o 250 furgones; las armas son más que las de los ejércitos de El Salvador y Honduras juntos; las aeronaves equivalen al 50% de la flota de American Airlines; las embarcaciones son el doble de la armada de México y los vehículos superan a las flotas de policía y ejército de todo Centroamérica. Los primeros logros de un plan son los golpes a las estructuras delictivas, no la reducción de la violencia, sin lo primero no se puede alcanzar lo segundo.


6. “Los ataques que realizan los narcos prueban que son poderosos”

En todas las guerras el azar y la casualidad juegan un papel, a veces en contra y a veces a favor. En toda guerra se ganan y se pierden batallas, pero a la larga, lo que determina el resultado es quién tiene la iniciativa estratégica y quién está golpeando la moral, las fuerzas y los medios materiales de su contrario. En el caso de México todos estos factores están a favor del Estado, aunque de forma esporádica los cárteles sorprendan con acciones y golpes que generan temor y tienen un gran impacto mediático y político. Los ataques de los cárteles son reactivos, sin una lógica racional estratégica y producto de venganzas irracionales. La regla básica en toda guerra es que el acoso y la presión sobre un enemigo conducen a éste a la desesperación, al error e incluso al terrorismo. Los cárteles actúan de forma defensiva y no ofensiva, la política de éstos es cooptar policías, no matarlos. Cuando combaten directamente contra el Estado facilitan el trabajo, porque ayudan a cohesionar moralmente a los miembros de las fuerzas del Estado.

En el tipo de conflicto que enfrenta el Estado mexicano los cárteles son fuertes cuando controlan sin combatir y pueden pasar desapercibidos para la mayoría de la población. Por el contrario, cuando reaccionan y se vuelven visibles, su posibilidad de controlar y operar libremente se debilita y los enfrentamientos internos aumentan; esto no es una muestra de fortaleza sino de debilidad, a pesar de que la violencia salga a flote y genere incertidumbre social. Por ejemplo, cuando los cárteles empezaron a usar submarinos para transportar droga se hizo una lectura errada. La percepción simple fue que los narcotraficantes demostraban su enorme capacidad y poderío construyendo submarinos. Sin embargo, lo que no se dijo fue que la capacidad de introducir drogas abiertamente vía puertos y aeropuertos se estaba cerrando, y por ello recurrían a mecanismos más complejos y difíciles de operar que transportaban menos droga. En este sentido “más sofisticado” no implica, necesariamente, una mejoría, no importa cuán impresionante resultase la fabricación de submarinos, que en este caso, por cierto, fue bastante precaria.


7. “Primero hay que acabar con la corrupción y la pobreza”

En muchos análisis atender y reducir la corrupción y la pobreza son actividades que se consideran como premisas para resolver la inseguridad que genera el narcotráfico, y con ello se invalida el papel que juega la coerción. Este mito parte de un planteamiento cierto: el problema de la seguridad requiere planes integrales que atiendan todas las aristas del asunto, desde la utilización de la fuerza del Estado, hasta la atención de los temas sociales que intervienen en la seguridad. Sin embargo, en una condición de extrema emergencia como la que viven algunos estados de México, si se pone de antemano resolver la pobreza y la corrupción como precondiciones para tener un entorno seguro tendríamos que aceptar que la situación no tiene remedio alguno, ya que estaríamos poniendo la meta de resolver la pobreza como camino para mejorar la seguridad que en este momento es el problema más importante para los ciudadanos. En seguridad la dosis de prevención y represión en un plan depende de la situación. Establecer por definición que lo uno debe privar sobre lo otro es un error que parte de visiones ideológicas de la seguridad en la cual se dice que las derechas priorizan reprimir y las izquierdas prevenir. Cualquiera puede ser el prioritario, pero eso debe determinarlo la realidad, no una posición política.

No hay una relación territorial o social entre pobreza y narcotráfico. El narcotráfico es un delito de la codicia que recluta pobres, pero que depende de las ventajas geográficas que proporcionan rutas y territorios con posibilidades para la producción y el tráfico. Busca controlar puntos estratégicos de ventaja para su “negocio”. Las redes de narcomenudeo para distribución sí se ubican más claramente en la geografía de la pobreza urbana, pero el narcotráfico no necesariamente. Por ello el problema más grave está en la frontera norte. Además, no hay una relación directa entre pobreza e inseguridad. Nicaragua es el segundo país más pobre del continente y el tercero más seguro, igual podemos comparar a la India con Estados Unidos o analizar cómo el enorme gasto social de Venezuela va de la mano con el agravamiento de la inseguridad para los más pobres en ese país.

Por otra parte, la naturaleza de la corrupción política, y la que genera el narcotráfico son totalmente distintas, la primera puede abrir la puerta a la segunda, pero la corrupción política no supone el riesgo de violencia y muerte, que sí está presente con la corrupción vinculada al narcotráfico. La regla de “plata o plomo” que siempre termina en “plomo o plomo” parte de los tres principios de acción del narcotráfico: violencia, crimen y muerte. Un político corrupto quiere enriquecerse, pero no morirse. Es evidente que la cultura de la corrupción resulta útil a los narcotraficantes, pero no puede pensarse que la corrupción política y la dinámica de cooptación, control, violencia y muerte que imponen los delincuentes son la misma cosa, puesto que responden a lógicas completamente distintas. Es ingenuo pretender que para mejorar la seguridad en el corto plazo se necesita primero una reconstrucción ética que acabe completamente con los códigos de corrupción que se gestaron en América Latina durante un largo periodo.

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El debate principal es ¿por dónde debemos comenzar en una emergencia? En ese sentido, no se puede entrar a una zona dominada por poderes mafiosos con planes de asistencia tipo “Madre Teresa” y tampoco es previsible incentivar la participación ciudadana en zonas donde el narcotráfico tiene atemorizada a la sociedad. En primera instancia se necesita la recuperación del control por parte de las fuerzas del Estado, es decir, romper el poder intimidatorio de los cárteles, es el centro de gravedad del problema y ello coloca a la coerción como la prioridad. En Medellín la guerra la ganó el Estado hace más de 10 años, y es hasta ahora que se observan los resultados exitosos de los planes integrales, con plena participación ciudadana y cambios culturales en los barrios donde un día gobernó Pablo Escobar.


8. “Detrás del narcotráfico hay poderosos políticos y empresarios”

Este mito está basado en las teorías conspirativas que no consideran el contexto ni la historia, sino información casi siempre fruto de la especulación. Este tipo de teorías alimenta telenovelas, películas y literatura para el entretenimiento, pero por repetición termina convirtiendo cualquier mentira en una verdad que se vuelve universal sin necesidad de comprobación. Hace algunos años una telenovela muy exitosa y muy bien realizada llamada Nada personal sugería que el capo principal en México era el presidente de la República. Muchos estadunidenses también adictos a estas teorías suponen que “todos los mexicanos son corruptos y sus autoridades son todos capos” y esto es lo que reproduce Hollywood. En contraparte, algunos mexicanos piensan “que el negocio de la droga se maneja desde Wall Street”. Estos argumentos son fáciles de creer y difundir aunque no tengan fundamento racional. El narcotráfico suele surgir de las actividades de contrabandistas de clase media baja con poca educación, que construyen sus organizaciones a partir de grupos familiares como forma de asegurarse lealtades (“la familia”), y reclutan socialmente hacia abajo. Sus organizaciones tienen la violencia y la muerte como forma de dirimir todo tipo de conflictos (personales, de mercado, familiares y territoriales), porque sus actividades no tienen marco legal y, por lo tanto, no pueden usar los tribunales y las leyes. Los castigos extremos y las muertes ejemplares son sus únicos instrumentos de “justicia”. Cuando se fortalecen financieramente se expanden socialmente y entonces comienzan a intimidar, someter o utilizar a funcionarios públicos y/o empresarios. Primero cooptan policías hasta que le quitan al Estado el poder coercitivo y luego van sobre el sistema judicial, la prensa, los poderes económicos y políticos.

En ese proceso terminan colocándose arriba de la pirámide social y siendo ellos el poder, pero teniendo la violencia y la muerte como medios de ejercerlo. Así ocurrió en Colombia, en Chicago en los años treinta, en Italia durante décadas, y así ha ocurrido en Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, etcétera. La naturaleza de un empresario o de un político es diferente e incompatible con la del mafioso. Que el segundo pueda someter a los primeros es factible, pero que los primeros puedan convertirse en los segundos no resulta sensato; aunque existan algunos casos aislados, esto no es la regla. Niveles de penetración como los que se han comprobado en Italia ocurrieron luego de muchas décadas de poder mafioso, pero en México el fenómeno delictivo es comparativamente joven.


9. “La única salida es negociar con los narcotraficantes”

Este mito está relacionado con la creencia de que la negociación fue el método empleado por anteriores gobiernos para mantener la paz, y entonces se concluye que la violencia estalló cuando el nuevo gobierno abandonó este método. Se argumenta que la violencia cesaría si se negocia con los delincuentes. Éste es un enfoque en extremo simplista para entender el pasado y para suponer una solución en el presente.

El narcotráfico no ha sido siempre un problema de seguridad nacional. Se transformó en una amenaza estratégica al fortalecerse financieramente a partir de la segunda mitad de los noventa. En el pasado los narcos eran un problema policial de segundo orden y para lidiar con ellos se requería una lógica operacional local y no una estrategia de Estado. Durante muchos años no fueron un tema central ni para México ni para nadie. Durante los setenta y ochenta la tolerancia al problema fue universal y hasta la CIA y Cuba lo instrumentaron y subvaloraron como amenaza. Lo que se conoce como “negociaciones” posiblemente sea parte de las leyendas que dejaron algunos jefes policiales o políticos locales cuando lidiaban, desde un Estado fuerte, con un problema menor.

Ahora estamos frente a una realidad distinta en la cual los cárteles buscan imponer su autoridad por encima del Estado con la ley de “plata o plomo”. El narcotráfico es ahora una amenaza estratégica. No se puede decir que algunos posibles arreglos que existieron en el pasado entre mandos policíacos y delincuentes sean equivalentes a una negociación del Estado con los narcotraficantes de hoy y, en segundo término, porque resulta imposible que la autoridad de cualquier país realice acuerdos con delincuentes que rigen su comportamiento por los principios de violencia, crimen y muerte.

Una negociación supondría que los cárteles son un enemigo coherente con control sobre sus estructuras y con reglas y límites, pero la realidad es que el narcotráfico es un enemigo fragmentado, sin control sobre su gente y sin reglas en el uso de la violencia. La idea de negociar con los cárteles es una fantasía. Colombia, por ejemplo, negoció con Pablo Escobar y otros cárteles, ofreciéndoles ventajas si se sometían a la justicia y el desenlace fue la ridiculización absoluta de la autoridad y las cárceles convertidas en centros de mando y operación de lujo con protección pagada por los ciudadanos para que Escobar siguiese sembrando violencia y muerte en el país.


10. “La estrategia debería dirigirse a la legalización de las drogas”

La legalización es un debate sobre cómo aminorar el problema, porque con las drogas no existe camino ideal. Se trata en realidad de escoger entre daños de salud pública o violencia. Su legalización no las vuelve socialmente deseables. Teniendo como punto de partida el principio del mal menor, la idea de legalizarlas es correcta y a futuro seguramente esto dejará de ser un mito. Lo que es un mito en la actualidad es pretender que esta estrategia pueda ser puesta en marcha con éxito por los países afectados por la violencia que genera la producción y el tráfico de drogas. La legalización de las drogas requiere un acuerdo simultáneo con los países consumidores. Sin la participación de Estados Unidos y Europa una estrategia de este tipo, aplicada en México o Colombia, por ejemplo, sería un suicidio para la seguridad de estos países. Esto es injusto, pero el problema no es de ética sino de realidad.

No se trata sólo de un conflicto político internacional entre la inseguridad de los países que producen y trafican versus la hipocresía de los países que consumen, sino que la distorsión generada sería altamente explosiva. La disposición de droga en México y Colombia es infinitamente superior a su demanda y la situación en Europa y Estados Unidos es inversa. Por lo tanto, legalizar la droga en los primeros sin que se haya hecho en los segundos supondría un fortalecimiento de estructuras criminales en Colombia y México, porque el negocio central seguiría siendo la exportación ilegal ante la enorme diferencia de precios. Legalizar equivaldría a dar plenas libertades a grupos criminales en países con grandes debilidades institucionales. Si en la condición actual existen pequeños Estados en Latinoamérica y África en riesgo de caer en manos de mafias, esto se agravaría y se multiplicaría con una legalización unilateral.

Aunque resulte duro decirlo, la realidad es que Estados Unidos y Europa continúan jugando la carta de la tolerancia al consumo porque los niveles de violencia de los delincuentes dedicados a distribuir drogas en sus calles no se ha convertido todavía en una amenaza estratégica. Pero esa violencia está creciendo, Estados Unidos ha encarcelado a más de dos millones de personas por delitos vinculados con las drogas y tiene un millón de pandilleros, gran parte de los cuales se dedican a la venta de drogas. Quizás cuando esa violencia se vuelva intolerable para Europa y Estados Unidos, la idea de la legalización de las drogas comience a discutirse en serio como estrategia multilateral. Por el momento hay que mantener estrategias de control de daños en nuestros países y denunciar el daño que nos provocan los países consumidores. El tema de la legalización está avanzando con la mariguana, pero aún es un tema difícil como acuerdo entre gobiernos.


11. “La participación del ejército es negativa y debe retirarse”

El mito sobre la negatividad de la participación del ejército parte de supuestos como: que la seguridad interna no es su tarea; que no está preparado para esas labores; que se pone en riesgo su imagen; que termina violando los derechos humanos; que es peligroso darles poder a los militares, y otras ideas similares. Todos estos y otros argumentos están fundamentados en riesgos potenciales, dudas y desconfianzas que en algunos casos son ideas predominantemente subjetivas. Ninguno toma en cuenta los problemas objetivos que han obligado a usar al ejército: la dimensión de la amenaza que implican los cárteles; el poder de fuego, número de sicarios y nivel de organización de las estructuras delictivas; la crisis moral y los problemas de cooptación de las policías estatales y municipales en las zonas conflictivas; la limitada cantidad de personal de que dispone la Policía Federal; el carácter transnacional del problema del narcotráfico y, finalmente, el arraigo, la fuerza social y el dominio territorial que tiene el crimen organizado en algunos lugares de México. No es lo mismo enfrentar este problema con 30 mil hombres que con más de 200 mil.

El narcotráfico plantea un reto que supera el orden policial, constituye una amenaza a la soberanía del Estado que tiene además características transnacionales. Si el ejército se retira los narcotraficantes recuperarían terreno muy rápidamente, la amenaza cobraría dimensiones superiores, la violencia se dispararía y podría alcanzar a la ciudad de México. Paradójicamente, como ya se mencionó arriba, otro tipo de críticas hablan del riesgo de llegar a un “Estado fallido”, pero el mito sobre la retirada del ejército se ubica en el otro extremo, porque supone que el problema no es tan grave y bien podrían resolverlo las policías municipales y estatales. Es difícil imaginar que México pueda, en las décadas venideras, enfrentar otra guerra peor que los narcotraficantes. La solución estratégica es la reconstrucción, reforma y fortalecimiento de las policías, pero mientras eso avanza es indispensable usar al ejército.

En toda Latinoamérica los ejércitos pueden ser indispensables para responder al tipo de amenaza que plantea el crimen organizado, y los derechos humanos en la actualidad por encima de requerimientos éticos, se han vuelto parte fundamental de la eficacia operacional tanto para policías como para militares. Las guerras modernas están sometidas, inevitablemente, a una severa fiscalización mediática, política y judicial. El Estado sólo puede preservar la legitimidad en el uso de la fuerza si es capaz de usar el poder coercitivo en esas condiciones. Es decir que esto es ahora una condición universal permanente para emplear la fuerza y no debe ser un obstáculo para no emplearla. Para recuperar seguridad Colombia multiplicó la fuerza de su ejército. Por contraste, Guatemala está cayendo en manos del crimen organizado porque no puede reconstruir al suyo.


12. “Lo más efectivo y rápido para combatir al crimen es la justicia por cuenta propia”

Entre los cárteles no hay reglas y sus diferencias son resueltas mediante la “muerte ejemplar”. El Estado, por su parte, busca procurar justicia, no asesinar, y debe conservar la ventaja moral y social frente a los delincuentes. El inicio de una violencia paramilitar, basada en el mismo principio de la “muerte ejemplar”, convierte al Estado en otro actor violento y sin reglas que terminaría siendo identificado como tal por el crimen organizado, con lo cual se aceleraría, se agravaría y se multiplicaría la violencia. La idea de que asesinar delincuentes representa una vía más rápida para recuperar seguridad es falsa. El crimen organizado constituye un cuerpo social numeroso; no son individuos, sino grupos con cierto apoyo. Una confrontación letal puede terminar dividiendo más a las comunidades, con lo cual la duración del problema se alargaría en vez de acortarse.

Por otro lado, una confrontación de este tipo puede redireccionar gran parte de la acción violenta de los narcotraficantes hacia instituciones, funcionarios públicos y sus familias, con lo cual la violencia del crimen organizado dejaría de ser fundamentalmente autodestructiva. La tarea del Estado es restablecer la autoridad y asegurarse el monopolio de la violencia. La organización de grupos paramilitares constituye una delegación de autoridad a grupos privados que debilita la autoridad del Estado. La experiencia internacional demuestra que el paramilitarismo es un grave error. Los casos de Colombia y Guatemala son muy claros, en el primero se agravó el conflicto y en el segundo el Estado ha sido casi derrotado.

Joaquín Villalobos. Ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Consultor para la resolución de conflictos internacionales.

Jehuite: Vegetación de México

Jehuite: Vegetación de México

PERRO VERDE

Perro verde
Denise Dresser


MÉXICO, D.F., 21 de diciembre.- ¿Logró México transitar de un régimen autoritario, vigente durante más de siete décadas, a una verdadera democracia? ¿El régimen político que hoy impera representa cabalmente el sentir de las mayorías y se ejerce el poder desde la perspectiva del interés general? ¿La transición mexicana culminó? ¿Estamos aún en ella o, a la luz de lo que hoy vivimos y la perspectiva que se vislumbra, tendríamos que decir abiertamente que la transición fracasó? Preguntas necesarias que formula Carmen Aristegui en su nuevo libro Transición. Preguntas imprescindibles que debería hacerse todo ciudadano preocupado por el destino de su país. Preguntas definitorias para poder asumir una posición ante las iniciativas de reforma política planteadas por Felipe Calderón.

Porque las palabras usadas para describir al sistema político mexicano son métrica del desencanto y termómetro de la desilusión. Palabras como democracia incompleta. Transición truncada. Representación fallida. Impunidad institucionalizada. Simulación. Regresión. En vez de responder a los intereses públicos, la política promueve los intereses particulares. En lugar de resolver problemas, el andamiaje institucional los patea para delante. En vez de generar incentivos para la representación, las reglas actuales impiden que ocurra. En lugar de empoderar ciudadanos, la transición termina encumbrando oligarcas.

Como sugiere Juan Pardinas, la democracia mexicana es un “perro verde”. Es demasiado exótica. Es la única en el mundo –aparte de Costa Rica– en la cual no existe la reelección de legisladores o presidentes municipales. Es de las pocas en donde no se permiten las candidaturas ciudadanas. Es excepcional en cuanto a la ausencia del referéndum. Es inusual por la prohibición de la “iniciativa ciudadana”. Es extraordinaria por la ausencia de mecanismos para permitir la construcción de mayorías legislativas estables. Es mexicanísima por la forma en la cual encumbra a los partidos pero ignora a los ciudadanos. El perro mexicano se empeña en ser excepcional y para mal. Por eso su pelambre tiene un color tan distinto al de otros caninos. Por eso cojea en vez de correr. Por eso produce pleitos callejeros con tanta frecuencia. Por eso es una especie tan disfuncional.

Sobre su lomo están montados los sindicatos abusivos y las televisoras chantajistas y los partidos irresponsables y los gobernadores impunes y los oligarcas privilegiados. Todos ellos, progenitores del perro verde y beneficiarios de su excepcionalidad. Sin reelección no hay rendición de cuentas ni representación política completa ni profesionalización de la clase política ni manera de ir debilitando a los cacicazgos locales. Sin candidaturas ciudadanas no hay forma de romper el monopolio de los partidos y de los líderes sindicales sobre la vida política. Sin referéndum no hay manera de involucrar directamente a la población en la definición de los grandes temas nacionales. Sin la iniciativa ciudadana no hay forma de promover políticas públicas que la clase política no quiere tocar, incluyendo el combate a los monopolios. Sin elevar el nivel de votación para el mantenimiento del registro, seguiremos financiando a partidos pequeños –como el Verde o el PT– que se venden al mejor postor o promueven farsas como la de Juanito. Sin iniciativas preferentes no es posible obligar al Congreso a legislar sobre temas que rehúye, incluyendo la promoción de la competencia. Sin medidas como las que ahora se someten a debate nacional, los ciudadanos seguirán siendo poco más que pulgas de un perro rabioso.

Y sí, las propuestas provienen de un presidente impopular, acorralado, debilitado, que llegó al poder en condiciones cuestionables. Y sí, la lista es incompleta porque no resuelve todos los problemas del sistema económico o del régimen político. Pero eso no debería ser suficiente para descalificarlas de entrada; el odio al mensajero no debería oscurecer la importancia del mensaje que envió. México tiene una democracia descompuesta que necesita arreglar. México tiene una democracia atorada que necesita echar a andar. México tiene una democracia elitista que necesita ampliar. Abriendo espacios a la ciudadanía para que su participación cuente; generando incentivos para que los legisladores y los presidentes municipales se vean obligados a rendir cuentas, cosa que no hacen hoy; dando poder a los votantes para que puedan generar contrapesos sociales a los poderes fácticos; creando vínculos de exigencia y representación entre los gobernados y los gobernantes. Reformas con la capacidad de airear, sacudir, relegitimar, disminuir la excepcionalidad de la democracia mexicana y normalizar su funcionamiento.

Ante ellas, el PRI y el PRD se equivocan al posicionarse como lo han hecho, afirmando que las reformas son “una faramalla” o “reviven el presidencialismo agotado” o “pretenden que nada cambie” o “perpetúan el clientelismo electoral” o son “una distracción” o lo más importante es que “se controle al Ejecutivo con la ratificación de los secretarios de Estado” o “tengo serias reservas sobre modelos de organización política probados en otras latitudes, pero que no tienen historia, condición o idiosincrasia igual a las que tiene México” o “la ciudadanía no está preparada”. Al responder así, Carlos Navarrete y Jesús Ortega y Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes demuestran dónde están parados: cerca del statu quo y lejos de la ciudadanía; cerca de la partidocracia que quieren preservar y lejos de lo que México debe hacer para desmantelarla; cerca de prácticas que desacreditan a los partidos y lejos de empujar su rehabilitación; cerca del argumento espurio del excepcionalismo y lejos de la normalidad democrática que el país exige.

Para entrenar al perro verde hará falta más de lo que se ha propuesto hasta el momento, pero las medidas contempladas ayudan a colocar una correa democrática alrededor de su cuello. Para obligar al can a obedecer a los ciudadanos, en lugar de morderlos, será imperativo discutir la apertura de los medios y el financiamiento a los partidos y la desaparición del fuero y las acciones colectivas y el fortalecimiento de los órganos autónomos y el combate a la corrupción y todo aquello que les permita a los mexicanos proteger sus derechos. Todo aquello que obligue a los partidos a ceder parte de su poder. Todo aquello que refresque la representación política. Todo aquello que logre sacar a México de la jauría de las democracias exóticas, para colocarla en la camada de las democracias más normalitas. Y así, domesticar al perro verde.

Los cárteles de la droga en México, según Stratfor

La guerra contra el narco en 2009, vista desde EU
Por: Redaccion | 09-Dic-2009 16:45

La compañía especializada en seguridad internacional Stratfor Global Intelligence hace un análisis de la guerra contra el narcotráfico declarada por el gobierno de Felipe Calderón, y una descripción de los diversos cárteles que operan en el país según su óptica.

La guerra contra los cárteles en el 2009, I de III partes

"Hay dos guerras de cárteles actualmente violentas en México que se han combinado para producir un récord en los niveles de violencia en el 2009. La primera es la lucha entre el gobierno de México y los cárteles de la droga. La segunda, una guerra paralela, es la batalla entre varios cárteles mientras compiten por el control de las lucrativas rutas de suministro de drogas.

Inmediatamente después de la inauguración de su mandato presidencial en diciembre del 2006, el presidente Felipe Calderón se lanzó a fondo contra los cárteles, vistos por él como la mayor amenaza contra la seguridad y la estabilidad en México. En los pasados tres años, los esfuerzos del gobierno han debilitado y fragmentado algunos de los mayores cárteles de las drogas (El Cártel del Golfo y el de Sinaloa), pero el progreso del gobierno ha roto el equilibrio entre los distintos cárteles y esto ha resultado en un incremento de la violencia.

Algunos cárteles, otrora aliados, se han visto enfrentados unos contra otros en sangrientas batallas que los desgastan como bandas rivales mientras cada uno de ellos trata de tomar ventaja de la debilidad de sus competidores y aprovechar el control de las rutas de contrabando.

En este reporte anual sobre los cárteles de la droga en México, habremos de evaluar los acontecimientos más significativos del año pasado y y proporcionar una descripción actualizada de las más poderosas organizaciones de narcotráfico en el país, así como una previsión para el 2010. Este reporte es producto de la cobertura que mantenemos sobre una base semanal a través de nuestra agenda de seguridad sobe México, así como otros análisis llevados a cabo a lo largo del 2009".

Mañana, las organizaciones de narcotráfico en México

Los cárteles de la droga en México, según Stratfor

Los cárteles de la droga en México, según Stratfor
Por: Redaccion | 10-Dic-2009 16:45

Stratfor Global Intelligence hace un análisis sobre las operaciones de las distintas organizaciones del narcotráfico en México y su papel determinante en la actual lucha que libra contra ellas el gobierno de México, así como su influencia en Centro y Sudamérica y Estados Unidos. Foto: Rafael Cedeño "El Cede", dirigente de La Familia aprehendido en abril de este año.

Organizaciones del narcotráfico en México, parte II de III

La Familia

Este cártel ha logrado atraer una gran atención de los medios durante este año, especialmente después de haber sido etiquetado en mayo pasado como "la organización criminal más violenta en México” por el exprocurador general de la República, Eduardo Medina Mora. La Familia ha acaparado los titulares principalmente por sus ataques contra las fuerzas del gobierno y por sus raíces seudoideológicas. A pesar de su imagen pública, la organización de La Familia se mantiene todavía relativamente pequeña y geográficamente aislada comparada con los más grandes y más viejos cárteles.

Los cuarteles generales y la principal área de operaciones de la organización de La Familia se encuentran en el suroeste del estado de Michoacán, de ahí el nombre de 'La Familia Michoacana'. La organización también tiene franquicias regionales que operan en los estados vecinos de Guerrero, Guanajuato y el Estado de México, y mantiene una presencia limitada en los de Jalisco y Querétaro. No está muy claro el grado en que estos grupos actúan en coordinación entre sí y qué tanta autonomía poseen, aunque según los reportes siguen el mismo culto como ideología. Sin un acceso directo a la frontera México-Estados Unidos, La Familia está constreñida geográficamente y debe pagar "impuestos" a las organizaciones que controlan los corredores fronterizos a través de los que mueve su 'producto'.

Cártel del Golfo

Al inicio de la campaña de Calderón contra los cárteles, el del Golfo era considerado la más poderosa organización del narcotráfico en México. Después de tres años este grupo ha llevado la peor parte por la aplicación de la ley y los esfuerzos militares, y el Cártel del Golfo es considerado ahora únicamente una sombra de lo que fue.

En su apogeo, una gran parte del poder de este cártel de la droga radicaba en su brazo ejecutor, los Zetas. Ahora son entidades separadas, con los Zetas como la organización dominante y controlando casi todo el territorio que pertenecía al Cártel del Golfo. Las relaciones entre ambas organizaciones al parecer fueron demasiado tensas este año, cuando la jefatura del Cáretel del Golfo se rehusó a obedecer las órdenes del jefe de los Zetas, Heriberto "El Lazca" Lazcano Lazcano. A pesar de estas diferencias, las dos organizaciones continúan trabajando juntas cuando sus intereses coinciden.

Los Zetas

El año pasado, este grupo mantuvo firme su posición como uno de los más poderosos cárteles operando en México mientras trataba de extender su presencia hacia el sur en América Central desde su área central de operaciones a lo largo de la costa oriental y la Península de Yucatán. La organización permanece completamente bajo el control del "Lazca".

Ha habido rumores de que Lazcano Lazcano ha tratado de consolidar su control sobre lo que queda del Cártel del Golfo desde el año pasado, y de tratar de integrar al resto del personal en las operaciones del grupo de los Zetas, pero esos reportes no han sido confirmados. Los Zetas tienen una bien documentada relación amistosa con los Kaibiles (fuerzas especiales de desertores guatemaltecos enrolados en actividades criminales) desde al menos el pasado año 2006, quienes han ayudado a facilitar la expansión de los Zetas en Guatemala.

Una operación combinada militar y policial en Guatemala en el mes de marzo incursionó en un campo de los Zetas y en una pista de aterrizaje en el departamento fronterizo de Ixcan que estaba siendo utilizada para entrenamiento táctico de los reclutas de los Zetas, así como uno de los destinos para las entregas aéreas de cocaína -indicio adicional de que los Zetas tienen una presencia estable en Guatemala.

Este impulso hacia el sur ha dado a la organización mayor control de su línea de suministro de cocaína vía terrestre en México y le ha permitido controlar gran parte del tráfico de personas de América Central hacia México y Estados Undos.

Los Zetas también han trabajado con la organización de los Beltrán Leyva durante todo el 2009. Las dos organizaciones están actualmente tratando de arrebatarle el control a La Familia en las regiones de Michoacán y Guerrero para ganar acceso a los lucrativos puertos de Lázaro Cárdenas y Acapulco en el Pacífico. También han concertado esfuerzos para atraer al liderato de los Zetas y convertirlos en actores en el Cártel de los Beltrán Leyva este año, pero actualmente su rol sigue siendo el de suplemento de las operaciones en curso de los Beltrán Leyva a medida que esta organización sigue su propia agenda.

Los Zetas también se han contratado con la organización de Vicente Carrillo Fuentes, también conocido como el Cártel de Juárez, para servir como asesores y entrenadores para la organización, ya que ambos combaten al mismo rival, el Cártel de Sinaloa, por el control de la región fronteriza de Ciudad Juárez.

Organización de los Beltrán Leyva

Después de un muy activo 2008, los Beltrán Leyva han mantenido un perfil relativamente bajo durante gran parte del 2009. Tras asegurar el control de su territorio a mediado del 2008 a raíz de su separación del Cártel de Sinaloa (los Beltrán Leyva luchan por un territorio que destacó como uno de los más violentos en México a principios del 2008), el cártel fue capaz de concentrar la consolidación y racionalización de sus operaciones de contrabando de estupefacientes. Después de la consolidación, el grupo continuó la ofensiva de nuevo en octubre y noviembre, cuando se unió con los Zetas para apuntar a La Familia en los estados de Guerrero y Michoacan.

La organización de los Beltrán Leyva continúa bajo el mando de Arturo Beltrán Leyva, quien es apoyado por una bien establecida red a lo largo de la costa del Pacífico y en la zona noroeste de México. Ha estado en el negocio de los narcóticos un largo tiempo y tiene quizá la más sofisticada capacidad de inteligencia que cualquiera de los cárteles.

Cártel de Sinaloa

A pesar de haber perdido a algunos de sus antiguos aliados, como la organización de los Carrillo Fuentes y la de los Beltrán Leyva en el 2008, el Cártel de Sinaloa se mantiene como el más formidable y dominante cártel en México hoy en día. Liderado por el capo de las drogas más buscado a nivel mundial, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el Cártel de Sinaloa demostró su resistencia en el 2009 y ha permanecido activo a lo largo del año. Los socios de Guzmán Loera, Ismael “El Mayo” Zambada García, Ignacio “El Nacho” Coronel Villarreal y Juan “El Azul” Esparragoza Moreno, tienen sus respectivas redes y continúan trabajando juntos cuando es necesario, traficando drogas hacia el norte desde Sudamérica.

Violencia por lucha antinarcóticos mantendrá el mismo nivel en el 2010: Stratfor

Violencia por lucha antinarcóticos mantendrá el mismo nivel en el 2010: Stratfor
Por: Redaccion | 11-Dic-2009 18:26

Continuación del análisis de los diversos cárteles del narcotráfico por parte de la empresa de seguridad internacional Stratfor Global Intelligence, así como del impacto de sus operaciones en el territorio nacional y la guerra que contra ellos ha emprendido el gobierno mexicano con el uso de la fuerza militar y el debate actual de los distintos sectores sobre el papel del Ejército y las denuncias en su contra por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Los cárteles de la droga, según Stratfor, III de III

Cártel de Sinaloa (continuación)

El conflicto en Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua en general entre el Cártel de Sinaloa y la organización de Vicente Carrillo Fuentes, también conocida como Cártel de Juárez, ha sido indudablemente el principal foco de atención del primero a lo largo de este año. El conflicto ha resultado esencialmente un empate entre las dos organizaciones conforme luchan por el control de la lucrativa plaza de Juárez.

El Cártel de Sinaloa mantiene todavía una presencia significativa a lo largo del territorio de la costa del Pacífico y la Sierra Madre Occidental. Aunque la violencia ha disminuido significativamente entre este grupo y el de los Beltrán Leyva, la superposición de la geografía dominada por los dos continúa generando algunos conflictos, particularmente en el estado de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa también se ha mantenido activo en Centro y Sudamérica durante el 2009, dados los intentos por ejercer un gran control sobre el flujo de armas y narcóticos de Sudamérica a México.

Organización de Vicente Carrillo Fuentes/Cártel de Juárez

Esta organización tiene su base en la norteña Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. El cártel es liderado por Vicente Carrillo Fuentes, quien se hizo cargo a partir de 1997, tras la muerte de su hermano y fundador del cártel, Amado Carrillo Fuentes. A lo largo del 2009, el Cártel de juárez ha mantenido una duradera alianza con el de los Beltrán Leyva, que está ayudando a Carrillo Fuentes en su batalla con el Cártel de Sinaloa por el control de esa ciudad fronteriza.

El cártel de Vicente Carrillo Fuentes es otra organización de tráfico de drogas en México que ha venido a menos de manera significativa de pocos años para acá. Este grupo, junto con su brazo armado, La Línea, han estado atrapados en una batalla los pasados dos años con sus exsocios del Cártel de Sinaloa por controlar la lucrativa plaza de juárez. El prolongado conflicto ha cobrado su precio al Cártel de Juárez y lo ha forzado a recurrir a otras actividades criminales para financiar su lucha por el dominio de la región, principalmente el secuestro, el tráfico de personas, prostitución, extorsión y narcomenudeo en el mercado doméstico en México. En su debilitada situación, el Cártel de Juárez ha sido forzado a enfocar casi todos sus esfuerzos en pelear con el Cártel de Sinaloa y no ha sido capaz de proyectar efectivamente su influencia mucho más allá de la gran área de Juárez.

Organización de los Arellano Félix/Cártel de Tijuana

La organización de los Arellano Félix —también conocida como el Cártel de Tijuana— tiene su base en el estado de Baja California, en el noroeste de México, fronteriza con la ciudad estadounidense de San Diego. Con las detenciones de los hermanos Arellano Felix y varios otros miembros de alto rango, las luchas itnernas han causado que la una vez poderosa organización haya sido dividida en dos facciones rivales -una liderada por el sobrino de los Arellano Félix Fernando "El Ingeniero" Sánchez Arellano, y la otra por Eduardo Teodoro "El Teo" García Simental.

Inicialmente García Simental buscó el apoyo del rival Cártel de Sinaloa y se presume que ahora representa a esa organización en el área de Tijuana. Por su parte la facción Sánchez se ha mantenido relativamente inactiva en el 2009. La organización ha sido forzada a diversificar sus operaciones y derivar a otras actividades criminales, como el secuestro, tráfico de personas, prostitución y extorsión.

Esta guerra se debe en parte al creciente escrutinio de las leyes mexicanas después de un extraordinario despunte de la violencia en el 2008 que dejó como resultado más de 100 ejecuciones en una sola semana en el área de Tijuana.Gran parte de la violencia que ha ocurrido en Tijuana en el 2009 ha sido como resultado de choques entre estos dos grupos rivales. No obstante, el índice de violencia en Tijuana ha sido mucho más leve en el 2009 que como lo fue durante lo más álgido del conflicto en el 2008.

Debate sobre la participación de Ejército

Una de las más importantes facetas de la campaña del gobierno de Calderón contra los cárteles de la droga ha sido el despliegue generalizado del personal militar. Mientras los mandatarios previos han usado la milicia sólo para atender operaciones aisladas de combate al narcotráfico, el nivel en que Felipe Calderón ha usado las fuerzas armadas de México en este aspecto no tiene precedentes. Durante el mandato de Calderón, éste ha desplegado más de 35 mil soldados a varias regiones del país para asumir las operaciones antinarcóticos. A causa de esto, en el 2009 se ha observado un creciente debate sobre el rol del Ejército mexicano en esta batalla contra los cárteles.

Las organizaciones locales e internacionales de defensa de los derechos humanos han expresado preocupación sobre un presunto incremento de abusos contra los derechos civiles por parte del personal militar, e incluso la organización estadounidense Human Rights Watch ha incluso fue más al pedirle a la secretaria de Estado Hillary Clinton no certificar el registro de México en derechos humanos, lo cual posiblemente congelaría una porción de los fondos asignados por medio de la Iniciativa Mérida por Estados Unidos para ayudar a México en su campaña antinarcóticos. Incluso miembros del Partido Acción Nacional, al que pertenece Felipe Calderón, han manifestado que es necesario un mejor balance de prioridades entre la guerra contra los cárteles y los derechos civilies de los ciudadanos mexicanos.

El uso sin precedentes de la milicia en la administración de Felipe Calderón se debe en gran parte a la aparentemente sistemática corrupción en las agencias policiacas de todos los niveles de gobierno. Menos propenso a ser presa de la corrupción que esas instituciones, el Ejército es llamado cada vez más a ocuparse de tareas que estarían normalmente bajo la responsabilidad de las corporaciones de seguridad pública, tales como el desarrollo de patrullajes de seguridad y el establecimiento de retenes viales o puestos de revisión en calles y carreteras. Como la milicia se ha hecho cargo de tareas tradicionales de las corporaciones, esto ha significado un contacto más cercano con la población civil y a la vez ha resultado en cada vez más denuncias de violaciones a los derechos humanos, que son objeto de la actrual controversia.

Calderón ha defendido esta estrategia diciendo que la ya larga actuación del Ejército en esta guerra contra los cárteles es sólo una solución temporal y ha tratado de minimizar las críticas involucrando todo lo posible a la milicia. Pero han sido las fuerzas armadas las que han han proporcionado el grueso de la mano de obra en esta tarea, y la coordinación en que las agencias de policía federales -obstaculizadas por la corrupción rampante y un masivo proceso de reformas- no han sido capaces de colaborar.

Calderón está consciente de que lo ideal no es usar a los militares en estas actividades, pero el hecho es que el Ejército sigue siendo la herramienta de seguridad más fiable y versátil actualmente disponible para el gobierno mexicano. Mientras la suprema meta de Calderón es profesionalizar y entregar todas las tareas tradicionales de aplicación de la ley a las policías federales, el Ejército va a ser requerido para ayudar en la guerra de México contra los cárteles en un futuro previsible. El gobierno mexicano no tiene otra opción. Van a pasar años antes que las policías federales tengan la capacidad y el personal requerido para hacerse cargo de la misión que actualmente ha sido asumida por los militares.

El predominio de la violencia

Como se puede ver en el reporte sobre los cárteles en los años reciente, desde los últimos tres meses del 2008 se vio una explosión de la violencia con un dramático incremento en el número de muertes relacionadas con los cárteles en todo México. Los niveles de violencia vistos al final del 2008 han persistido en el 2009 e incluso han empeorado gradualmente en el transcurso del año. Las estimaciones sobre la mortalidad actual por la delinciencia organizada -las muertes relacionadas en México al momento en que este reporte fue escrito aumentaron de 6,900 a más de 7,300. El récord del año previo fue de 5,700 muertes en el 2008.

La geografía de la violencia en México ha permanecido relativamente estática desde finales del 2008 y durante el 2009. Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Baja California fueron los cinco estados más violentos en el 2009 —y todos resultan ser los cinco primeros en términos de violencia en lo que va del periodo de Felipe Calderón-. El estado de Chihuahua una vez más ocupa el lugar más alto de la lista como el estado más violento, con más de 3 mil 200 muertes o aún más en el 2009. y más de 2 mil 100 sólo en Juárez. Los extraordinarios niveles de violencia vistos en Juárez y en todo el estado de Chihuahua pueden ser directamente atribuiblesal conflicto en curso entre el Cártel de Sinaloa y el de Juárez con sus pandillas aliadas.

Los altos nieles de violencia volvieron a los estados de Michoacán y Guerrero en el 2009 debido en gran parte a las crecientes actividades y expansión de la organización de La Familia, que ha efectuado numerosos ataques de gran impacto contra el Ejército y el personal policiaco que opera en Michoacán, así como a sus rivales en la región. Las patrullas de la Policía Federal y el Ejército en la zona frecuentemente se ven objeto de emboscadas y agresiones de pistoleros de La Familia. Los ataques al personal de seguridad comúnmente son seguidos por la captura de algún miembro de alto rango de La Familia.

Mientras las fuerzas de seguridad mexicanas han sido capaces de debilitar y dividir algunos de los más poderosos cárteles, esta disminución del poder de esos grupos en realidad ha generado más violencia, ya que las organizacones se han aprtesurado a retener el control de su territorio o arrebatárselo a otros grupos.

En las últimas décadas la única vez que la violencia entre cárteles disminuyó fue durante periodos de estabilidad y equilibrio entre los grupos en competencia, y las operaciones antidrogas del gobierno mexicano no permiten ya tal estabilidad y equilibrio. Esto significa que lo único que podemos esperar es ver que el alto nivel de violencia continúe entre el gobierno y los cárteles, y entre los mismos grupos rivales, a lo largo del próximo año.

CD JUAREZ LA MAS PELIGROSA Y MORTAL DEL MUNDO

El miedo en Ciudad Juárez, ingrediente cotidiano
Por: Redaccion | 06-Dic-2009 12:33

Es de la ciudad más mortal del país, las muertes violentas ya son parte de la vida; ha habido cuerpos ensangrentados colgando de puentes y niños que camino a la escuela se toparon con pistoleros llenando de plomo a sus blancos. El asesinato de cientos de mujeres en ciudad Juárez sigue sin resolverse. Foto: AP.

"Ninguna persona asesinada ayer", fue el titular reciente del principal periódico de Ciudad Juárez, sin duda una gran noticia en esta ciudad fronteriza que es la zona cero en la guerra de las bandas del narcotráfico: en 10 meses no había pasado un día sin una muerte violenta.

Sin embargo, a finales de ese día, el 30 de octubre, nueve personas más fueron rociadas con balas.

Las muertes violentas son parte de la vida en Ciudad Juárez, una metrópoli andrajosa y cubierta por el polvo
en la rivera del río Bravo, que hace frontera con Estados Unidos. Ha habido cuerpos ensangrentados colgando de puentes y niños que camino a la escuela se toparon con pistoleros llenando de plomo a sus blancos.

Aunque no hay ninguna forma definitiva de comparar las tasas de asesinatos en distintas ciudades de todo el mundo, no hay ninguna duda que Ciudad Juárez es ahora una de las más mortíferas. Ha tenido aproximadamente 2,250 muertes en lo que va del año, una tasa de 173 por cada 100,000 residentes.

Baltimore, la ciudad estadounidense más mortal, tuvo 37 fatalidades con una población de más de medio millón de personas.

La violencia empezó en serio a inicios del 2008, cuando el líder del cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán y el jefe del cartel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, se enfrascaron en una lucha profunda por el control de las rutas de la droga, que sus organizaciones habían compartido desde hacía mucho tiempo. Ambos han perdido a miembros de sus familias en esta guerra y han adoptado tácticas cada vez más brutales a medida que sigue avanzando.

Miles de soldados y policías federales fueron enviados a la ciudad en mayo del 2008 para tratar de detener la violencia y este año el presidente Felipe Calderon envió aun más tropas. En marzo, había más de 7.000 soldados en la zona. Las muertes bajaron temporalmente, pero pronto repuntaron: cuando los decomisos de drogas afectaron los ingresos de los traficantes, éstos se dedicaron a secuestrar, robar bancos y asaltar automovilistas.

"La ciudad se muere", afirmó Daniel Murguía, presidente de la representación local de la Cámara Nacional de Comercio. Murguía dice que ha recurrido a rejas de acero grueso y cámaras de vigilancia para proteger su cadena de lavanderías automáticas.

Letreros de "Se renta" cubren las puertas de los centros nocturnos cavernosos que alguna vez atrajeron a miles de juerguistas estadounidenses que cruzaban la frontera desde El Paso, Texas. La mayoría de los jóvenes de Juárez —temerosos por los tiroteos en centros comerciales, bares y discotecas— sólo socializan en las casas de sus amigos, por seguridad.

Los únicos negocios que están creciendo son los de honras fúnebres, que ahora manejan el doble de víctimas de la violencia que en el 2008 y siete veces más que en el 2007.

Las madres le dicen a sus hijas que se pasen la luz roja de los semáforos por las noches, en lugar de arriesgarse a que un asaltante las tome de sorpresa. Incluso a la luz del día, los conductores no se atreven a mirar al automóvil de al lado, sobre todo si es una camioneta deportiva con ventanas ahumadas y sin placas.

Los muertos de este año incluyen a profesores universitarios, un estudiante que se recibió con honores y
meseros atrapados en fuego cruzado cuando unos pistoleros les dispararon a sus clientes.

Ni siquiera las salas de emergencia, donde los médicos intentan desesperadamente salvar a las víctimas, son inmunes. El doctor Alberto Ríos estaba en una cirugía el mes pasado cuando hombres armados con fusiles ingresaron a la sala de operaciones, en busca de dos hombres heridos en un tiroteo.

Luego de provocar un caos entre los presentes, los hombres se fueron sin encontrar a sus blancos, que estaban armados y se habían escondido en un baño.

"Todos tenemos un familiar o un amigo que ha sido asesinado", afirmó Ríos, cuyo sobrino de 17 años murió en un tiroteo en julio. "Esto no acabará hasta que uno de los cárteles tome el control".

Milenio

BARACK OBAMA PREMIO NOBEL DE LA PAZ?

Carta de padre de soldado muerto en Irak a Barack Obama
Federico Campbell Peña

Periodista, especializado en temas internacionales
Escrito por Federico Campbell Peña


Cedo mi espacio en esta sección de Dardos¡ al amigo Suárez del Solar.

Presidente Barack Obama

Premio Nobel de la paz 2009.

Presente.

Sé que estas líneas tal vez nunca serán vistas por sus ojos y en caso
de que así fuera, nunca cambiarán sus decisiones que ya ha tomado
respecto al envío de más jóvenes norteamericanos a la guerra que se
libra en Afganistán, pero considero mi deber moral, como respeto a la
memoria de mi hijo Jesús Alberto Suárez del Solar, muerto el 27 de
Marzo del 2003 durante la invasión al pueblo de Irak, hacerle saber
mis sentimientos al respecto.

En Afganistán ya han muerto 929 valientes jóvenes norteamericanos ,
así como miles de inocentes ciudadanos afganos. En Irak han muerto
4367 de nuestros hijos y miles y miles de niños inocentes iraquíes.

Cuando el Sr. Bush tenía el mando que hoy tiene usted, yo le pregunté
públicamente, ¿cuál sería el número necesario de muertos, para
terminar con esa guerra?. Esta es la misma pregunta que hoy le formulo
Señor Obama: ¿cuántos jóvenes más deberán morir para que usted
realmente trabaje por la paz?

Cuando más del 50% de la población de este gran país está en contra
del envío de más tropas, usted desoyendo al pueblo , pero escuchando a
los halcones del Pentágono, está enviando a jóvenes valiosos a morir o
matar gente inocente por un fin no muy claro. Recordará usted que su
antecesor, el Señor Bush, inició esa guerra para capturar al criminal
Osama Bin Laden y en su discurso en West Point, para nada usted
mencionó ese nombre, pero sí dijo “debemos terminar la misión”. Me
recuerdan mucho sus palabras a las del criminal Bush.

Señor Obama, ¿por qué miente al pueblo cuando nos dice que retirará
las tropas en el 2011?. Es sabido que no es posible poner fechas para
terminar guerras. Tenemos otro Vietnam, tenemos otra guerra
interminable, tenemos el ejemplo de los ingleses y de los rusos, y aun
así ¿no puede o no quiere usted detener esta masacre tanto en
Afganistán e Irak?

Dice usted que este envío de 30 mil soldados mas tendría un costo
millonario, mismo que pagaremos nosotros, el pueblo, no los
congresistas, ni saldrá de la bolsa de los militares del Pentágono.
No, será de nuestros impuestos. Señor Obama, ¿no sería más provechoso
invertir ese dinero en la educación de nuestros jóvenes y así poder
darles los valores molares, de respeto y tolerancia hacia los demás y
eso sí nos haría un país más seguro?

Qué tristeza que usted esté defraudando a una inmensa mayoría de
ciudadanos que pusimos nuestras esperanzas de paz en sus manos, que le brindamos nuestro voto por el bienestar de nuestro país y hoy, usted
dé muestras inequívocas de que es más de lo mismo.

A partir de hoy comenzarán las marchas de protesta. Veteranos de ambas
guerras saldrán a las calles a gritar ¡ALTO A LA GUERRA¡, y usted, al
igual que Bush, tendrá oídos sordos, y más y más jóvenes soldados
llegarán en bolsas negras, directo a los servicios fúnebres. Otros
miles regresarán mutilados, enloquecidos y tendremos más y más
veteranos en las calles perdidos en los laberintos de la burocracia
para recibir un mendrugo de pan, una mínima atención médica.

¡Que tristeza Sr. Obama que no haya podido usted responder a las
expectativas del pueblo que votó por la paz¡

LIMPIEZA SOCIAL A LA MEXICANA

Lydia Cacho

Un sociólogo de la Universidad de Chihuahua, 13 amas de casa que estaban en “el lugar equivocado”, 27 jóvenes que no hicieron nada más que tener el cabello corto y escuchar narcocorridos en su mp3, 43 empleados de clase media asesinados, 18 jóvenes puestos contra el paredón y masacrados con AK-47 en un centro para rehabilitación de adicciones. Un reportero aquí, una reportera allá son lo que el presidente Calderón llama daños colaterales de guerra.

Desde hace casi tres años han sido asesinadas en México 15 mil personas; adicionalmente, los conteos de hombres y mujeres desaparecidos van de 3 mil a 5 mil. Durante esta guerra han perdido la vida 725 policías y soldados, lo que nos deja con 14 mil 275 civiles entre los cuales nadie puede identificar con claridad cuántos son criminales y cuántas son personas que incomodaron a las fuerzas del orden.

En América Latina tenemos una historia de la eliminación de grupos sociales considerados indeseables, sin valor social o peligrosos por ser o parecer criminales: jóvenes con adicciones, mujeres de delincuentes, familiares de sospechosos. La limpieza social sólo puede darse en un ambiente autoritario que se niega al diálogo y en el cual no opera un sistema de justicia transparente. La autoridad nos ha dicho que los miles de muertes son producto de malos matando malos y buenos matando malos. Una simplificación muy peligrosa.

Según la organización Irak Body Count (IBC) en Irak, con minas unipersonales, bombas, misiles, metralletas, tanques y millares de soldados, han muerto 12 mil 96 personas al año en ese país invadido. Gustavo de Greiff Restrepo, el ex fiscal antidrogas de Colombia, responsable de la guerra antinarco, declaró que durante toda la guerra hubo 2 mil muertos civiles; 200 narcotraficantes muertos; tres líderes de cárteles; más de 200 narcos en la cárcel y más de 2 mil personas encarceladas relacionadas con el narco. Ahora dice que fue inútil.

Estamos ante una masacre mexicana que se oculta bajo un discurso guerrero que una parte de la sociedad y el Estado han asumido como propio, tal como sucedió en Guatemala y en Colombia. Años después, los paramilitares que admitieron haber asesinado jóvenes adictos y a defensores sociales como parte de la guerra contra el narco quedaron intocados por la justicia.

La opinión pública, amedrentada y harta de la violencia e inseguridad, se vuelve hostil e irresponsable y avala el asesinato como método de justicia expedita. Diga lo que diga Calderón, la inoperancia del sistema de justicia penal ha prohijado una limpieza social operada por militares, policías, políticos y empresarios.

Deshumanizar al delincuente como “enemigo” predispone a la sociedad para aceptar la aniquilación y el asesinato sin cuestionar, sin exigir transparencia y rendición de cuentas. Esta es claramente una guerra por el poder, entre poderes, no una batalla por la justicia y la paz social.

Calderón declaró el sábado que “el mayor reto es imponer la ley en el país”. Eso resulta éticamente insostenible mientras tengamos 15 mil asesinatos sin investigar bajo la coartada oficial de que eran “malos”. Hoy sabemos que muchas personas inocentes han muerto, por eso resulta inaceptable asumir que imponer la ley es discriminar a las y los mexicanos entre “buenos” y “malos”. ¿Quién y cómo lo deciden?

LA IMPUNIDAD COMO ESTRATEGIA POLITICA

JULIO SCHERER IBARRA
La corrupción en México crece sin freno de gobierno en gobierno, en binomio con la impunidad. Ambas, corrupción e impunidad, son causa y efecto en sí mismas y son utilizadas para gobernar de acuerdo a los intereses de grupo. A partir de un riguroso análisis jurídico, el abogado Julio Scherer Ibarra explora este fenómeno, que es ya una estrategia consustancial al quehacer público nacional, en el libro Impunidad. La quiebra de la ley. Y ofrece cuatro ejemplos emblemáticos de corrupción impune: el enriquecimiento inexplicable de Arturo Montiel; el conflicto de intereses de Juan Camilo Mouriño; las irregularidades dolosas en la investigación del caso Zhenli Ye Gon, y los actos ilícitos de César Nava a su paso por el jurídico de Pemex. De la obra, que empezará a circular en días próximos bajo el sello de Grijalbo, adelantamos aquí la Introducción y las Consideraciones finales.

Introducción
Se dice de la estrategia que es el arte de dirigir. Se dirige un ejército, se dirige un partido; a los estrategas se les enco­mienda un proyecto para destrabar una situación crítica y a ellos se recurre para levantarse en una contienda cerrada.
No fue coincidencia que los estrategas de este tiempo azul y los del tiempo tricolor diseñaran la misma política para asegurar a un grupo en el poder. El pensamiento de los estrategas de uno y otro bando ha sido claro y preciso: el poder se conserva gracias a la impunidad.
El poder sin contrapeso hace doblemente fuertes a los fuertes. Hay que eliminar a la autoridad que busque con­senso. Lo que cuenta es el poder sin ambages, la arbitrarie­dad en toda su crudeza. El que tiene el poder manda. El que manda predomina. El que predomina impone sus normas a la sociedad.
Así se plantea el principio, después viene la praxis. En los hechos, en la aguerrida lucha de todos los días, ¿cómo hacer de la impunidad un baluarte? Los estrategas saben de eso y discurren con acierto. Así, imaginan una fortaleza, un búnker. En su interior viven y batallan los hombres y mujeres fieles a una creencia, a un modo de hacer política. Seamos impunes, discurren, vivamos por encima de la ley. De esta manera, la impunidad termina en casta, grupo encerrado en sí mismo que gobierna conforme a sus designios. Los impunes, por naturaleza propia, terminan conduciéndose como si fueran inocentes, ajenos a toda perversión política. Como impunes que se piensan, para ellos la ley no existe. En estas condiciones, paradójicamente, la norma actúa contra los débiles, los no impunes, los que comparecen ante la ley y sus jueces, si así lo determinan los personajes del poder.
En la inteligencia de los estrategas queda un punto por resolver: más allá de los avatares que la vida trae consigo, ¿cómo predominar a despecho de los años y las circunstancias de ese misterio que es el destino? Para todo tienen respuesta: importará que al búnker no penetre un solo extraño. Ahí está el secreto. Un caballo de Troya en la fortaleza de la impunidad haría impensable este proyecto y sus consecuencias, el poder efímero que, como tal, de poco sirve. Se trata no solamente de alargar el tiempo y hacer política en función de sus diarias contradicciones, sino de “mandar” con los ojos puestos en los sexenios posteriores. Un sexenio representaría apenas un suspiro; dos, ya sería una larga respiración; tres, la existencia con su vasto horizonte, el largo futuro que permite soñar.
Para los de afuera, los no impunes, aquéllos para los que las leyes sí existen, quedan las expectativas y los persistentes enfrentamientos con los discursos del poder y las manifestaciones de la fuerza, siempre al acecho para evitar cualquier tropiezo que pudiera dar al traste con los sueños de grandeza.
Todo lo que aquí decimos origina graves consecuencias para la sana convivencia, resumidas en una frase: el paulatino derrumbe del Estado de derecho. De la ley abatida nacen muchas desgracias y de la denegación de la justicia nacen los crímenes, el sufrimiento que trae consigo una sociedad descreída que se encoge y rebela, se rebela y encoge hasta que un día, en la fatiga ya cercana a la desesperación, o en la desesperación, grita: basta.
Vicente Fox dio cuerpo y forma a la impunidad flagrante. Sólo el derroche al que le llevó la megabiblioteca daría materia para recordar ese ejemplo de la sinrazón, tributo a la vanidad que privó a la nación de proyectos culturales armados larga y amorosamente. Su relación con Marta Sahagún hizo de uno y de otra la pareja indigna, que figurará en la historia de la megalomanía. De este modo se declararon dueños del futuro de México. En seis años discurriría el primer sexenio azul para Fox, el hombre; luego vendrían otros seis para Marta, la mujer .
Felipe Calderón pisa terrenos peligrosos y ya va por ahí, por la ruta de Fox, en pasos mal calculados que pudieran llevarlo a una caída de la que ya no sea posible reponerse. La complicidad con su antecesor se da sin ocultamientos y tiñe a la relación de un cinismo que agravia. La Contraloría de la Federación se encomendó en sus orígenes a Germán Martínez Cázares; hoy es claro que fue sólo una maniobra que culminaría con la exaltación de Martínez como presidente del Partido Acción Nacional (PAN).
Los impunes se comportan como inocentes. Son la ley y la ley no castiga a los de arriba, a los grandes, a los conductores. En el búnker todo se arregla entre correligionarios. En el interior de la fortaleza sólo hay fieles a Dumas: uno para todos y todos para uno.
La vida se da en la pareja, siempre dos, y la impunidad reclama su álter ego, única manera de construir el diálogo político, la palabra de dos que ya no pueden separarse. Ese otro yo es el receptor cómplice, perfecto. Así, la corrupción hermana y promueve la impunidad; al final ambas son causa y efecto en sí mismas. Se buscan, se necesitan y terminan por ser iguales. Un impune es un corrupto por su propia naturaleza, sucia la sangre que lo recorre.
La guerra contra el narcotráfico es hoy ejemplo de la impunidad y la corrupción que se acompañan. El licenciado Felipe Calderón, al iniciar su sexenio, anunció una batalla contra ese cáncer como su meta más ambiciosa. Con buen ánimo, los discursos sobre el tema pudieron haber sido intachables en teoría, pero ciertamente no se reflejaron en la realidad. Se ha visto que la lucha crucial contra el narcotráfico no puede acontecer sin una guerra de proporciones parecidas contra la corrupción. Qué bien que el jefe del Ejecutivo porte las insignias de general en jefe de las Fuerzas Armadas, pero qué mal que las nobles insignias no las luzca a la hora de castigar a la cauda de funcionarios sin una hoja impecable en el ejercicio de sus cargos. Germán Martínez es ejemplo nítido: incumplió en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y difícilmente pudo cumplir al frente del partido en el poder.
La alianza entre los ejecutivos panistas Fox y Calderón es una prueba de la corrupción interna que priva en las filas azules. Vicente Fox y Marta Sahagún nos aturdieron con su megalomanía y estulticia. Desde tiempos de Echeverría no se tenía noticia de un mandatario al que públicamente se le llamara tonto e ignorante. Dijo Fox, en símil insuperable, que él se guiaba por las estrellas, que en ellas leía sus deberes para con la patria. El canto a la incultura lo acompañó siempre, día con día, hasta hacer de su sexenio un malhadado periodo de ocurrencias de mal gusto y frivolidades sin fin.
No obstante, es preciso reconocerlo, en la mentalidad de Fox cabía cierta congruencia: es más fácil leer en las estrellas que enterarse de sus deberes en los textos de la Constitución. La lectura en las estrellas se da sin esfuerzo. Basta cerrar los ojos o abrirlos. La lectura de la ley exige esfuerzo, carácter, voluntad de saber.
Casos mucho menores, pero irritantes hasta la desmesura, están representados por dos gobernadores insignes en su impudicia y atropello a la civilidad. Se trata de los mandatarios de Puebla y Oaxaca. El desprecio público los sigue, y la impunidad es su fortaleza. No cohabitan los panistas en el interior de esos regímenes priistas, pero no hay duda de que los gobernadores citados han establecido comunicación con el búnker azul. De otra manera no es posible explicarse la permanencia de ese par de sujetos en los cargos que ocupan para desgracia de sus estados.
Frustra en grado sumo que los poderes Legislativo y Judicial no hayan hecho valer sus atribuciones para discutir y sancionar el comportamiento de Mario Marín y Ulises Ruiz. Otro tanto debería esperarse del Ejecutivo federal. En este último caso podría pensarse que el asunto no es de su competencia, pero eso llevaría a contradicciones, pues frente al escándalo de Zhenli Ye Gon el Ejecutivo sí actuó.
Cuanto decimos acerca de la impunidad lo sabe de sobra el licenciado Felipe Calderón. Cabe recordar que en una conferencia de prensa, celebrada en Estados Unidos a finales de abril de 2008, declaró que la impunidad representa un hecho doloroso para la sociedad mexicana Asimismo, admitió que estamos lejos del principio en que descansa la justicia, que ha de ser pronta, expedita; no lenta y tortuosa, como la padecemos.
En esta historia alrededor del panismo y de sus hombres sobresalientes el día de hoy, Vicente Fox y Felipe Calderón, no hay manera de pasar por alto las tribulaciones de la elección de 2006, plagada de irregularidades e ilícitos que se han abierto paso hasta dejar una constancia cierta en el ánimo público. Muchos la llaman “guerra sucia”, que se traduce, sin duda, como “elección sucia”.
La impunidad y la corrupción, binomio funesto, maltra­tan al país en su mero corazón. Urge atender ese corazón como a ningún otro órgano del cuerpo social.

Consideraciones finales
El horizonte de la impunidad en México es, desafortunadamente, amplísimo. Esa pasmosa realidad, construida día a día, a lo largo de mucho tiempo, es vasta y parece no tener fin.
Cuando nos propusimos hacer un trabajo cuyo tema fuera la impunidad, se pensó ir de lo general a lo particular; del análisis de lo que se entiende por impunidad en términos culturales, legales; del examen de la manera en que ésta se ha desarrollado y los efectos que produce en nuestra sociedad y en nuestra concepción del mundo, hasta la revisión de casos concretos que ejemplifican sus diversas formas.
Conforme analizamos la información relacionada con los cuatro ejemplos expuestos, advertimos que lo particular superó a lo general. Los matices, las formas para encubrir las conductas ilegales son tantos y tan sofisticados, que cada caso específico deja de ser un mero ejemplo, un simple caso, para convertirse en un modelo de cómo eludir responsabilidades.
La práctica supera a la teoría, y nos damos cuenta de que aún nos falta mucho por saber del tema. La ejecución de la “estrategia impunidad” está rebasando lo que la estructura del Estado puede soportar. Un caso de impunidad es una afrenta grave. Una estrategia de impunidad lo corroe todo.
No castigar los ilícitos cometidos agravia en el presente, deja un daño en el pasado y permite el surgimiento de circunstancias para nuevos delitos en el futuro. Tolerar el mal comportamiento es consentir, previamente, el acto indebido. Con la “política” de impunidad que han adoptado los grupos que detentan el poder, están fomentando las condiciones ideales para los próximos ataques al Estado. El impune ha dejado de ser un simple caso aislado. Se ha convertido en un modelo, en un prototipo, en una manera de ser. ¿Cómo pretendemos que las cosas cambien y mejoren, si los que deben ser ejemplo de ese cambio y de esa mejoría no lo hacen?
El panorama es sombrío. Muchas son las personas, muchos los grupos que protegen a los Arturo Montiel, a los Mouriño, a los César Nava. Muchos saldrán en su defensa. ¿Los argumentos para exculparlos? Insuficiencia de pruebas; defectos de procedimiento; tecnicismos legales; presunción de inocencia. Aplicación estricta del Estado de derecho, en todo lo que beneficie al infractor; estricto apego a la ley, interpretada como mejor convenga.
Hablar de impunidad es una terquedad, porque ella habla de sí misma todos los días. Sin embargo su tono es tan constante que tristemente ya nos acostumbramos a ella.
Denunciarla ante las autoridades competentes para investigar es algo tortuoso, laberíntico. De entre los pasajes surge, impetuoso, el Minotauro, el sistema que nos devora. La impunidad sólo desaparecería si se desvanecieran los grupos de poder, si se disolvieran los intereses particulares de quienes nos gobiernan. Frente al poder político y el dinero, la moral se derrumba, anacrónica e inútil.

RAZONES PARA LA RECHIFLA

áLVARO DELGADO
MEXICO, DF, 16 de noviembre (apro).- Si Felipe Calderón quiere encontrar una de las profusas razones para el repudio en forma de rechifla masiva que recibió la noche del miércoles 11, en la inauguración del estadio del equipo Santos --y que marca el fin de su aventura tan costosa para México--, sólo tiene que ordenar a uno de sus ujieres que le entregue copia del más reciente dato del desempleo en el país.



Sólo entonces Calderón podría enterarse que casi tres millones de mexicanos no tuvieron trabajo en los meses de julio, agosto y septiembre, un millón 15 mil 317 más que en el mismo periodo del año pasado, y que equivale a 6.2% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Un dato para el contraste: En septiembre, la tasa de desocupación nacional alcanzó el 6.41% de la PEA, que fue el registro mensual más alto desde el colapso económico de 1995, cuando Calderón acusó a Ernesto Zedillo de haber dejado sin empleo a más de un millón 200 mil mexicanos.

Pero Calderón ha superado a Zedillo: Si el año pasado México acabó con 1 millón 900 mil personas en el desempleo absoluto, para septiembre de este año la cifra rondaba los tres millones, es decir, en 10 meses se agregaron más de un millón de personas al desempleo absoluto. Hubo, en promedio, una pérdida de 100 mil empleos por mes.

Estas cifras, reportados dos días después de la rechifla a Calderón por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el viernes 13, se suman a otras igualmente escalofriantes: La desaparición de 194 mil empresas o negocios en solo un año.

Es preciso aclarar que estos datos, correspondientes al tercer trimestre del año, no incluyen el despido, por decisión de Calderón, de 44 mil trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro, y obviamente tampoco registran ni una sola de las prometidas recontrataciones en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrecidas también por ese individuo y Javier Lozano, su golpeador.

De hecho, justo el estado donde Calderón recibió la rechifla, Coahuila, ocupa el segundo lugar en desempleo en el país, sólo detrás de Chihuahua, que, en contraste, se ubica en el primer lugar en asesinatos y es el emblema del fracaso de la "guerra" contra el crimen organizado.

Ante datos tan contundentes, cualquier gobernante con sensibilidad política tendría que pedir perdón y, con vergüenza por su ineptitud, presentar su renuncia para no seguir dañando a la nación.

Porque, justo a la mitad del gobierno del que se hizo a la mala, ¿qué tiene Calderón para ofrecer a los mexicanos? Salvo la represión, nada.

Gracias a él, a la coalición PRI-PAN, al Partido Verde y al Panal de Elba Esther Gordillo, los que mexicanos que trabajamos afrontamos, en 2010, una ecuación atroz: Ganaremos menos y pagaremos más.

Tal panorama es independiente a los arrebatos de Calderón contra el empresariado que lo impuso ilegalmente en el cargo, cuyos jerarcas le transmiten su desprecio por medio de sus voceros y lo dejan solo en sus inofensivas invectivas.

Vale la pena levantar un monumento al lugar común: Lo que mal comienza, mal acaba.

Y esto ya se acabó.



Apuntes



No extraña la postura de los jerarcas de la Iglesia católica en México, incluyendo el nuncio apostólico, Christopher Pierre: Si a Miguel Hidalgo lo excomulgaron por portar el estandarte de la Virgen de Guadalupe al iniciar la lucha de Independencia, con mayor razón queda proscrito para los trabajadores de una empresa que el gobierno decidió liquidar por razones casi divinas, a juzgar por la propaganda que ahora incluye llamadas a los domicilios particulares de los mexicanos. Por cierto, una pregunta para los jilgueros --que también se transforman en jauría-- de Calderón que suelen saturar las cuentas de correo electrónico con propaganda: ¿Qué ofrece este individuo para el 2010?...

LA MUERTE TIENE PERMISO EN CHIHUAHUA

Antonio González Díaz

23/11/2009

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, atribuyó la ola de violencia por la que actualmente atraviesa Ciudad Juárez, Chihuahua, a “la apertura que le dieron algunos sectores sociales a los negocios lícitos del crimen organizado”. No cabe duda que el secretario sólo abre la boca para decir estupideces. Nuevamente Gómex Punk lanza una de sus frases célebres sin tener conocimiento de causa, como su famoso “aquí los esperamos, métanse con la autoridad” que vociferó en Morelia contra “La Familia Michoacana”.

Las afirmaciones del secretario de Gobernación lastiman a la sociedad juarense que se parte el lomo diariamente para tratar de vivir dignamente con el producto de su trabajo honesto, lícito.

“La sociedad se dio cuenta de que había abierto las puertas a personas que hoy amenazan sus propios hogares” afirmó Gómex Punk. Pero no sabe que a la sociedad juarense no le quedó de otra ante la inacción de sus autoridades, ante el descuido de sus munícipes y gobernadores, ante la corrupción de sus cuerpos policíacos, dirigidos por el PAN y el PRI, que no se nos olvide.

A la sociedad juarense la acorralaron los grupos delictivos, porque no hubo, había, ni hay de otra.

Y aquí impera la ley de “los malos”, y en el fuego cruzado de las tres “pandillas” que se pelean el poder, es decir, los dos grupos delictivos y las propias autoridades, se encuentra la sociedad no sólo juarense sino de todo Chihuahua.

Gómex Punk debió atribuir la ola de violencia por la que actualmente atraviesa Juárez a la apertura que le dieron, no sólo los sectores sociales, sino también los políticos, policiacos y judiciales, tanto municipales, como estatales y federales, al crimen organizado.

Ahora, en un acto golondrino, adelantan ante medios extranjeros que vendrán a Ciudad Juárez a recomponer el tejido social, como lo hicieron hace años en la administración del Presidente Vicente Fox, cuando vinieron en helicópteros con bombo y platillo; cuando el otrora Secretario de Gobernación Santiago Creel presentó el plan de 30 puntos para resarcir ese famoso tejido social.

Vinieron y presentaron una Fiscalía Especial y una Comisión para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y no pudieron hacer nada. No quisieron hacer nada.

Aquí la sociedad sigue igual o peor, las mujeres siguen siendo asesinadas y las expectativas de vida siguen siendo la misma porquería.

Ni Ciudad Juárez ni Chihuahua admiten una mentira más, ni Ciudad Juárez, ni Chihuahua, ni sus ciudadanos honestos, ni sus niños aún con pocas ilusiones aguantan otra promesa más. Qué le pueden decir a aquellos que se enfrentan con la muerte en sus calles, a quienes ven la sangre en sus paredes y escuchan las detonaciones a un lado de sus ventanas, o aquellos que han caído en el fuego cruzado.

A ninguno de ellos les podemos decir que fueron ellos mismos quienes desataron esta ola de violencia que sufren y que viven a cada instante. A ellos no les podemos decir eso. Por decencia, por honestidad y por un acto de sinceridad no les podemos mentir.

Mientras que por un lado se desgarran las vestiduras por la creación de “brigadas blancas” en San Pedro Garza García, Nuevo León, y se afirma que la ley no puede tomarse por la propia mano, en Nuevo Casas Grandes y la comunidad LeBarón de Chihuahua, el propio Ejército recomendó a la comunidad armarse e instruirse en el uso de armamento. Hasta se recomendó formar clubes de cacería para poder portar armas de mayor calibre. Y las consecuencias ya se vivieron luego de la ejecución de un grupo de militares que irrumpió en la comunidad mormona.

La muerte tiene permiso en Chihuahua, mientras que en el resto del país está mal visto. Total, la sociedad tiene la culpa pues, a decir de los golondrinos rijosos, fueron sus miembros quienes abrieron la puerta a la delincuencia.

Ciudad Juárez tuvo la culpa de la muerte de sus mujeres, por lo “provocador” de su vestimenta y las costumbres que adoptaron que “formaban un sentimiento de desprecio hacia ellas por parte de los hombres”.

Ahora también quieren llegar a decir que la sociedad tiene la culpa de lo que pasa. No, no, no. Ahora si no toleraremos que nos quieran engañar. No señores, no aceptaremos que se vengan a lavar las manos aquí mismo. Ni la gente de Juárez, ni la gente de Chihuahua vendieron la plaza. Fueron ustedes quienes les dieron el empujón a este abismo del cual aun no hallan el fondo. Fueron ustedes quienes se corrompieron ante el crimen organizado y en su afán por hacerse de más y más dinero y poder empinaron a todos los que viven en ese desierto de esperanza.