domingo, 20 de abril de 2008

IMPUNIDAD

Luis Hernández Navarro

Los mártires de Acteal
En el voluminoso libro de la impunidad en México, la matanza de Acteal ocupa un lugar único. Los autores intelectuales del asesinato de 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres en Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 2004, siguen sin recibir castigo alguno.

Como documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el gobierno de México cometió, con esa masacre, un crimen de lesa humanidad y genocidio por complicidad, de acuerdo con la legislación universal en materia de derechos humanos.

La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948), ratificada por nuestro país el 22 de julio de 1952, establece, en su artículo II: "... se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo."

El Estado mexicano incumplió en Acteal con sus obligaciones de respetar la vida, la integridad física y mental, así como de brindar seguridad jurídica a los ciudadanos de Chenalhó.

El responsable directo de la masacre fue un grupo paramilitar formado por militantes del PRI, apoyado, entrenado y financiado por dependencias oficiales y elementos del Ejército Mexicano.

Una primera investigación mostró la participación directa en el crimen de militares y ex militares. Entre otros elementos castrenses intervinieron: el general de brigada retirado Julio César Santiago Díaz; Mariano Arias Pérez, soldado raso del 38 Batallón de Infantería; Pablo Hernández Pérez, ex militar que encabezó la masacre, y el sargento Mariano Pérez Ruiz.

La Policía de Seguridad Pública protegió y entregó los uniformes a los paramilitares. Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó y dirigente del PRI, les distribuyó las armas.

Las víctimas eran refugiados políticos de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Chenalhó, grupo de origen religioso que desde el inicio del conflicto en 1994 buscó una salida pacífica y negociada. Cuando comenzó el ataque, las víctimas oraban por la paz en la ermita del lugar.

Cuatro mujeres con embarazo de entre 10 semanas y cinco meses murieron en el ataque. Uno de los criminales le confesó a su esposa: "Yo le eché cuchillo y machete a las embarazadas".

La agresión comenzó a las 10:30 horas. La Policía de Seguridad Pública se encontraba a 200 metros del baño de sangre mientras éste ocurría. No hizo nada para impedirlo. El general retirado Julio César Santiago, que estaba a escasos metros de los hechos, reportó a sus superiores: "Sin novedad". Cuando tres vecinos de Acteal alertaron a las autoridades gubernamentales, a las 11:30 de la mañana, del inicio de la balacera, el capitán Ricardo García Rivas ordenó la detención de los informantes.

A las 11 de la mañana el sacerdote Gonzalo Ituarte, integrante de la Comisión Nacional de Intermediación, se comunicó con Homero Tovilla, secretario general de Gobierno del estado, para informarle de lo que sucedía en Acteal. A esa misma hora, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional alertó al mismo funcionario del inicio de la carnicería. Una hora después, el gobernador del estado, Julio César Ruiz Ferro, se enteró de lo sucedido.

Pero el subsecretario de Gobierno -hoy prófugo- Uriel Jarquín tomó nota a las 11:30 y le notificó que no tenía ningún reporte en ese momento. Seis y media horas después, Homero Tovilla informó a la diócesis de San Cristóbal que "la situación está bajo control y sólo se escucharon unos tiros..."

Hasta las 17:00, esto es, seis y media horas después del inicio del ataque, la policía entró a la comunidad. Jorge Enrique Hernández, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado, ordenó apresurarse a levantar los cadáveres para que no fueran a llegar los periodistas. Uriel Jarquín se dirigió al lugar de los hechos para tratar de borrar los rastros de la masacre.

La CNDH responsabilizó penal o administrativamente por la masacre a 17 funcionarios. Ninguno de importancia. De ellos, sólo cuatro fueron consignados por la justicia. Ante la ola de indignación nacional e internacional que se levantó, el gobernador del estado y Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación, se vieron obligados a renunciar.

Ruiz Ferro fue premiado con un puesto diplomático en Estados Unidos. En el Palacio de San Lázaro despacha hoy, como líder de la mayoría partidaria, Emilio Chuayffet. El entonces presidente Ernesto Zedillo, promotor de grupos paramilitares en el estado e impulsor de la guerra contra los pueblos zapatistas, trabaja para diversas compañías trasnacionales a las que traspasó activos públicos mientras se hacía cargo del Poder Ejecutivo. Todos ellos viven en la impunidad. Zedillo, incluso, pretende pasar cínicamente a la historia como "padre fundador de la democracia mexicana".

Durante los 100 días posteriores a Acteal se efectuaron 88 operativos militares con acciones violatorias a los derechos humanos. En enero de 1998 la Secretaría de la Defensa Nacional trasladó a Veracruz al 38 Batallón de Infantería, destacado en Rancho Nuevo, al que pertenecían algunos de los militares implicados en la masacre. El gobierno otorgó una indemnización de 35 mil pesos por cada uno de los asesinados.

Mártir es una persona que ha sufrido la muerte por mantenerse fiel a sus creencias, convicciones y causas. Mártires son los 45 asesinados en Acteal. El país tiene una deuda con ellos que no se saldará sino hasta que se les haga justicia.