CHIHUAHUA: ESTADO FALLIDO

En estas circunstancias Chihuahua es lo más cercano a un verdadero Estado fallido, o un Estado donde el verdadero poder no está en las instituciones o sus representantes, sino en la delincuencia.

Hoy se reúne el Consejo Nacional de Seguridad en Ciudad Juárez, cuyo alcalde, José Reyes Ferriz, vive desde hace tiempo con su familia en El Paso, Texas, y quien ha recibido amenazas del crimen organizado para que renuncie.

El gobernador del Estado, por su parte, José Reyes Baeza, acaba de sufrir un confuso atentado de parte de un grupo de sicarios en el que resultó muerto un miembro de su escolta.

Y apenas el viernes pasado, por exigencias y amenazas cumplidas del narco, fue relevado del mando de la Policía Preventiva de la ciudad fronteriza Roberto Orduña Cruz, ya que de haber seguido en el cargo habrían continuado las ejecuciones de policías preventivos.

Tres fueron asesinados antes de su renuncia, a manera de demostración de que las amenazas iban en serio.

Ese es el estado de cosas que se vive en Chihuahua, donde el año pasado fueron asesinadas más de 2 mil 200 personas en la entidad y de éstas más de 2 mil en Ciudad Juárez.

La violencia no tiene para cuando amainar, pues en los primeros 50 días de este año se llevaban contabilizados 494 crímenes de la delincuencia organizado en la entidad, por lo que a final de año el número de homicidios pudiera superar fácilmente la barrera de los 3 mil.

Pese a estas evidencias el gobernador Reyes Baeza llamaba ayer a “dejar de estigmatizar a Chihuahua” y hablar cosas positivas del Estado.

Esto en respuesta a lo dicho por su paisano Gustavo Madero, presidente del Senado, en el sentido de que “existe el peligro de perder la gobernabilidad en la entidad, ante el inminente vacío de poder en el ámbito público frente al crimen organizado”.

O sea que Reyes Baeza preferiría que los senadores y diputados, así como los medios de comunicación, hablaran más de las bellezas naturales de Chihuahua que del número de asesinatos perpetrados con absoluta impunidad en el Estado.

Y que nada se dijera sobre el cierre de miles de empresas debido al clima de violencia imperante, ni tampoco de la huída de más de 3 mil familias de ciudadanos juarenses a El Paso, entre ellas la del propio alcalde de Juárez, ante el estado de cosas imperante en la frontera.

Pero habría que recordar que lo ocurrido en Chihuahua ha sido a pesar de los distintos operativos implementados por el Ejército y la Policía Federal Preventiva, instituciones éstas que han desplegado a miles de elementos en la entidad en el marco de la Operación Chihuahua y la Operación Ciudad Juárez, que está demostrado no han servido de nada dado que la violencia lejos de reducirse ha ido en constante ascenso.

En estas circunstancias Chihuahua es lo más cercano a un verdadero Estado fallido, o un Estado donde el verdadero poder no está en las instituciones o sus representantes, sino en la delincuencia.

Pero por desgracia Chihuahua no es, ni mucho menos, el único caso de este tipo en el país.

Decenas de municipios en Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Michoacán, Jalisco y Sonora, entre otros Estados, se encuentran bajo el poder real del narco.

Ayer, por ejemplo, fueron detenidos por elementos militares los jefes policiacos de Mapimí y Tlahualilo al ser sorprendidos en sucesos separados con cargamentos de marihuana y en posesión de armas largas y municiones.

Esto pone en evidencia lo que ya muchos habían advertido en su momento, que tanto en Mapimí como en Tlahualilo el poder real era -y es- el del crimen organizado.

El gobierno de Ismael Hernández Deras, quien hoy asistirá a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, sin duda que recibió informes al respecto pero no movió un dedo para evitarlo.

Y puede decirse que lo mismo ocurre con los jefes policiacos e incluso los alcaldes de la zona serrana y los del llamado Triángulo Dorado, que lo sabe el gobernador pero nada ha hecho ni hará al respecto.

A seis meses de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad los resultados están a la vista.

Si el desempeño de los responsables de no llevarlos a efecto se sancionara con su cese, a estas alturas es probable que no hubiera autoridades en el país.

Por eso mismo la ciudadanía perdió la esperanza de poder mejorar las cosas en el país, porque padecemos una clase política profundamente corrupta e irresponsable, y por si fuera poco, en no pocos casos, ligada por omisión o comisión al crimen organizado.

Por ello nadie apuesta en favor del susodicho Consejo, el cual es organizado por un burócrata cuya identidad nadie conoce y a nadie le importa.

Lo triste del caso es que en esta profunda oscuridad no se percibe ni la más tenue luz.